Entre Podemos y «Mogambo»

El 24 de enero se celebra en España el Día del Periodista y el pasado 3 de mayo fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ninguna de las dos fechas se conmemora hoy ni justifica, por eso de las «perchas» informativas, el asunto que va a ocupar estas líneas. Pero la cuestión de la libertad de prensa en una sociedad democrática es de tal relevancia que deriva en atemporal y se puede escribir sobre ella en cualquier momento, ayer, hoy o mañana. En España, en concreto, se ha convertido en tema cíclico desde 2014: los medios de comunicación, su regulación, su repercusión y todo lo que los rodea ha formado parte, desde entonces, de una de las obsesiones de cabecera de Podemos.

Hace ya una década que su exlíder Pablo Iglesias se estrenaba en las lides de la política nacional con afirmaciones como que «los medios de comunicación, por lo menos una parte, tienen que tener mecanismos de control público» (así se explicaba en el libro «Conversación con Pablo Iglesias»). Desde entonces, de manera recurrente y repetitiva, la formación ha vuelto una y otra vez al mensaje sobre la necesaria limitación a la libertad de prensa. Y, ahora que aquel partido que llegó a las instituciones en una elecciones europeas se juega su subsistencia en otras y aspira a mantener la mínima representación que evite su certificado de desaparición, busca el foco imprescindible y rescata sus viejas reivindicaciones, cómo no, poniendo en cuestión la pluralidad de los medios y su capacidad para decidir qué es noticia y qué no. Podemos ha registrado una ley en el Congreso que terminaría por señalar públicamente a los propietarios, accionistas, directores y trabajadores de televisiones, radios, productoras o medios de comunicación escritos con la coartada de frenar los bulos. Y lo hace ignorando que los Estados de derecho, como España, ya tienen límites al derecho a la información, con frenos civiles a la protección al honor, intimidad y la propia imagen y otros frenos penales, a través de las calumnias y las injurias. No existe un derecho absoluto a la información (como ningún otro lo es), sino que ya está modulado y no necesita extras que resultan tan prescindibles como peligrosos.

Y yo, cada vez que alguien apela a las leyes de prensa o a límites al derecho a la información, pienso en la censura que durante tantos años sobrevoló por las informaciones, publicaciones y creaciones artísticas de este país y me acuerdo de aquel adulterio convertido en incesto en «Mogambo» y no puedo evitar imaginarme a quienes han presentado en 2024 esa ley como transmutados en agobiados señores de lápiz rojo de la década de los 60 pensando a ver qué hacen con Clark Gable.