Un PSOE genuflexo ante la financiación nacionalista

A medida que transcurre el estío, se multiplican los signos indicativos de que el Gobierno concederá genuflexo todas las reivindicaciones que le formulen los nacionalistas con el objetivo de mantenerse cuatro años más al frente del país. Las últimas, y no menores, son la petición de una quita de la deuda para Cataluña y la subsiguiente reforma del vigente modelo de financiación para el conjunto del Estado que, obviamente, privilegie a esta última comunidad. Después de permanecer cuatro años sin mover un dedo en estos espinosos terrenos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez trata ahora de pasar de puntillas sobre la primera de ambas peticiones, sabedor del quebranto económico que supondría para las arcas públicas su ejecución y del descrédito que ocasionaría en los principales mercados financieros, pero que nadie descarte pasos en este sentido si los independentistas aprietan las tuercas para dar el sí quiero al futuro Gobierno de coalición. Como alternativa, los socialistas no dudan ya en hablar abiertamente de un cambio de sistema fiscal que, en caso de producirse en el contexto vigente, no beneficiará a los ciudadanos de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía, Aragón, La Rioja o Extremadura, por citar solo algunos ejemplos, y sí lo hará, nadie lo dude, a los de Cataluña, el territorio que tiene la llave de la gobernabilidad junto con el País Vasco. ¿Es necesaria la reforma de este modelo? Sin duda. Tan necesaria ahora como hace cuatro años, pero se habla de ella en este preciso instante no porque al PSOE y sus socios les preocupen la infrafinanciación que ha degradado la Sanidad hasta límites insospechados, la falta de un justo reconocimiento de la dispersión poblacional que asola a algunas regiones de la España vaciada o la compensación del envejecimiento de otros territorios. Si lo hace ahora es porque los separatistas que mandarán en el país si nadie lo remedia así lo exigen. Han dicho que ahora toca y así ha sido. Bajo el modelo vigente, es cierto que Cataluña aporta más de lo que recibe. Pero, como bien recuerda Juan Ramón Rallo, siempre lúcido, en las páginas de opinión de este periódico, también lo hacen los residentes de Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana. ¿Si hubiera pedido Isabel Díaz Ayuso la revisión habría reaccionado tan solícito el Ejecutivo de Sánchez? La respuesta es claramente negativa, lo que lleva a pensar que la actuación socialista responde más a intereses partidistas y de supervivencia política que a corregir posibles injusticias en la actual España desvertebrada. A la hora de saciar el voraz apetito de sus futuros socios, el Gobierno va a toparse con la oposición radical de una España autonómica en la que el PP es mayoría, por lo que tendrá que echar mano de algún elemento corrector que le sirva para dividir y vencer en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. También tendrá que hacer frente a otro problema no menor: ¿de dónde sacará los fondos para comprar los silencios de algunas regiones rivales y regar a las que le prestarán apoyo? La disyuntiva es difícil, máxime en un contexto de enfriamiento económico que no favorece precisamente los dispendios. ¿Pagará la fiesta emitiendo más deuda? ¿Subirá acaso los impuestos o creará otros nuevos? ¿Detraerá recursos de Defensa y otras partidas para contentar con ellos a sus socios catalanes? Hará lo que haga falta para mantenerse en el poder. Eso es lo único claro.