¿Quién manda en el Gobierno de España?

No es una pregunta fácil de responder desde que Sánchez decidió abrazar, con el fervor del converso, la agenda del Grupo de Puebla y sumarse al frente de la izquierda radical. Es lo que tiene levantar muros y cavar fosas para dividir España en dos bandos. Es lo que sucedió en Europa en el periodo de entreguerras con la formación de los frentes populares, como en Francia y España, tan queridos e impulsado por la Unión Soviética con el fin de debilitar y destruir a las democracias europeas. La Guerra Fría también fue un muro para separar las democracias reales de las populares promovidas por los comunistas. Por eso, cualquier apelación al término popular, como hacen ahora con la soberanía popular, es un peligroso Leviatán dispuesto a destruir el Estado de Derecho y la separación de poderes. La idealización de los tribunos de la plebe romanos, como sucedió durante la Revolución Francesa, esconde una inquietante ignorancia sobre las consecuencias de los actos que llevan a término los patricios revolucionarios en sus acciones populistas. Al final, se produce la destrucción de la democracia y la llegada de los dictadores. El populismo no es una idea contemporánea, sino muy antigua.

Sánchez es un presidente del Gobierno condicionado tanto por su socio de coalición como por sus aliados parlamentarios. Esta situación de debilidad se traduce en la necesidad de hacer concesiones para mantenerse en el poder. Ni siquiera es un proceso que responda a una coherencia ideológica, porque se trata de partidos que van de la derecha extrema a la extrema izquierda. Es cierto que formalmente manda, porque puede convocar elecciones cuando quiera y nombra y separa libremente a los ministros, aunque solo a los de su partido. A los otros le corresponde a Yolanda Díaz. Es algo consustancial a un gobierno de coalición. Por supuesto, se está mejor en el Gobierno que en la oposición y ya le gustaría a Feijóo tener los problemas de Sánchez. La izquierda tiene una concepción patrimonialista del poder que eclipsa a la derecha. Por ello, se produce un asalto a la administración institucional y empresarial sin importar los criterios de mérito y capacidad. Es muy significativo que la parte empresarial haya sido cedida, en buena medida, a los socialistas catalanes.

El pesebre público es muy generoso y la política se ha convertido desde hace mucho tiempo en una agencia de colocación. No son solo los altos cargos, sino que la larga mano socialista llega a todos los puestos de libre designación para funcionarios como se ha podido ver con la cacicada del nombramiento del secretario general de Congreso de los Diputados. Una de las anomalías de nuestra democracia reside, precisamente, en la concepción de la Administración como un botín del que puede disponer libremente el ganador. Es algo que se remonta al siglo XIX y no conseguimos avanzar hacia un modelo de despolitización, porque la situación actual es una perversión del sistema de administración pública. Una cosa es el Gobierno y otra distinta es la Administración que tiene que aplicar las políticas del primero, pero sin convertirse en un instrumento partidista como sucede actualmente. No contamos con una alta dirección pública profesional, porque se suceden las prácticas de nepotismo y amiguismo.

Sánchez es el presidente del Gobierno y ha podido colocar, como hemos visto en las últimas semanas, con absoluta libertad a quien le ha dado la gana como ha sucedido siempre. Es verdad que hay que reconocer que no le tiembla la mano a la hora de imponer su voluntad y recompensar a los fieles. No importa la falta de méritos o capacidad para los puestos que vayan a desempeñar. Es lo que no comparto. Por supuesto, también hay personas capacitadas y valiosas, pero otras causan auténtico estupor. En este sentido, lo sucedido con los nombramientos en los órganos constitucionales o el asalto a la agencia EFE son demostraciones en las que prima contar con amigos del partido o del sanchismo antes que con servidores públicos. Por ello, se apela a la legitimidad democrática, algo que nadie puede cuestionar, a la hora de nombrar a quien se considere conveniente, aunque carezcan de formación, capacidad o competencia. Los ejemplos son numerosos y no hay más que ver las referencias de los acuerdos del consejo de ministros.

Por tanto, Sánchez manda en su parte del Gobierno, que es la más amplia, para este tipo de cuestiones, pero depende de los caprichos de Puigdemont, Junqueras, Ortuzar, Iglesias y Otegi. Por supuesto, no me olvido de Yolanda Díaz, pero tiene la condición de socia frente a los otros que son aliados. Como sucedía en Roma, unos eran ciudadanos y otros aliados con derechos diferentes, aunque la situación actual es peor porque los aliados deciden sobre las cuestiones importantes. La consecuencia hasta ahora es que Sánchez no ha podido actuar libremente, ya que estaba en contra de la amnistía, iba a traer preso a Puigdemont, no quería el Concierto Económico para Cataluña, ha regalado Pamplona a los antiguos dirigentes de ETA, cederá competencias a los independentistas catalanes y al PNV, que es independentista a tiempo parcial… Todo ha cambiado desde el momento en que ha asumido el espíritu del Grupo de Puebla que tuvo su primigenia formulación con el Pacto del Tinell. Esta será una legislatura complicada, con una izquierda en declive en Europa y con un escenario económico que se verá afectado por la evolución de los conflictos internacionales y la necesaria aplicación de las reglas fiscales. La supervisión de la UE en la negociación de la renovación del CGPJ es una noticia positiva, porque no se puede paralizar la Justicia para complacer los intereses de los seguidores del Grupo de Puebla.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)