Editorial
Sánchez no combate la corrupción, la amnistía
Sánchez debe comparecer cuanto antes en el Congreso y afrontar al escrutinio de la oposición, además de someter a su administración a una comisión de investigación que resulta indispensable
Pedro Sánchez está a la defensiva. Las últimas 96 horas, de los tractores al «caso Koldo», han hecho mella en una capacidad de resistencia probada, pero desgastada por la amnistía ilegal y la agenda oculta con sus socios. Moncloa sabe que nada como la corrupción, su sombra o la sospecha siquiera lejana de abuso de poder, perjudica tanto a una administración. Lo conoce porque la moción de censura que lo aupó hasta el gabinete partió de la manipulación fraudulenta de un caso que retorció, incluso mediante una sentencia judicial adulterada, contra Mariano Rajoy. Ha entendido que la red de mordidas ilegales en los contratos de las mascarillas durante la pandemia apunta al corazón del PSOE y de su gobierno conforme a la investigación de la Guardia Civil y de la instrucción judicial. Sánchez no puede desconocer que tiene entre sus manos una bomba de relojería. Hay demasiados e importantes nombres de su círculo afectados como para que, como ocurría con Podemos, duerma tranquilo. Ayer, aprovechó una intervención en una convención de la Internacional Socialista para presumir de «ejemplaridad absoluta» ante la corrupción «caiga quien caiga». El mensaje está claro y reafirma que la estrategia de control de daños contempla la dimisión de José Luis Ábalos como cortafuegos para que La Moncloa no sea pasto de las llamas. La dimensión del asunto, el significado y el alcance político y moral que supone el enriquecimiento ilícito de un grupo organizado a cuenta de una tragedia como fue el covid 19, con incuestionables conexiones con el poder, requerirá mucho más que la renuncia pactada de un personaje amortizado, pero que fue poderoso e indispensable para Sánchez, y por tanto una fuente decisiva de información. Y luego está lo de su ejemplaridad. Se nos hacen indigeribles las palabras del que se proclama azote de corruptos, pero primero los indulta vía rebaja de la malversación y luego los amnistía por las bravas. La manoseada dignidad de la izquierda es un lugar común de aquel que presume de lo que carece. La suya es la administración más opaca y oscurantista de la historia de la democracia, con decenas y decenas de requerimientos por incumplir las reglas de la transparencia y el buen gobierno. Por no citar, la cancelación de facto de la capacidad de control del Legislativo. O el siniestro manejo de la fiscalización de lo que fue la gestión de la pandemia, cuya puesta al día pasó a mejor vida envuelta entre el silencio y la desinformación, o las trabas y cerrojazos a los procesos abiertos sobre aquellos luctuosos años en distintos tribunales. Esa punta del iceberg que es el por ahora «caso Ábalos» ha redoblado las sospechas sobre los cientos de contratos ministeriales de emergencia, muchos de ellos verbales y sin garantías, como ha certificado el Tribunal de Cuentas. Sánchez debe comparecer cuanto antes en el Congreso y afrontar al escrutinio de la oposición, además de someter a su administración a una comisión de investigación que resulta indispensable.
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