Sánchez no ha dado una sola explicación

El «caso Begoña Gómez» encara una semana decisiva con diligencias determinantes. El juez Juan Carlos Peinado que investiga a la esposa del presidente por tráfico de influencias y corrupción en los negocios se desplazará al Palacio de La Moncloa para, en un principio, tomar declaración testifical a Pedro Sánchez. Será una escena de extraordinario impacto y alcance no menor. En democracia, en cualquiera que se tenga por tal, que un instructor acuda a la sede de la Presidencia a efectuar un trámite cualquiera sobre una investigación es insólito por anómalo. Así que parece comprensible que Sánchez haya pretendido hasta el último minuto que su declaración fuera por escrito conforme a una lectura interesada y de parte de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no es la del juzgado, que entiende que los hechos por los que debe declarar no los conoció por razón de su cargo al frente del gabinete, sino con por su condición familiar. La prudencia que aconsejó a su esposa a acogerse a su derecho a no declarar hace prever que el presidente haga lo propio con la dispensa que prevé la ley para no responder a las preguntas que se le realicen sobre Begoña Gómez. Las acusaciones, sin embargo, entienden que esa fórmula no le permitirá eludir las preguntas del instructor sobre el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache y sobre el empresario Juan Carlos Barrabés. La decisión final está en manos del juez, como en todos los procesos. Más allá de la excepcionalidad de un escándalo que gravita en torno al núcleo familiar del presidente, cuya trascendencia penal está por determinar, no así que las conductas sujetas a la investigación no han sido éticas ni estéticas, bajo la primacía de la presunción de inocencia para los encausados, el Gobierno, el PSOE y la izquierda en general están causando un perjuicio grave al estado de derecho. No solo porque de su conducta se derive que no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, que los hay de primera y de segunda, y que se reivindique y se apele a un trato de favor al poder como prueba ese extemporáneo y grotesco recurso a la Audiencia de Madrid para que se pronuncie sobre su causa antes del 30 de septiembre como si el resto de casos fueran irrelevantes. Es la estrategia de Moncloa de movilizar a ministros, diputados, resto de cargos públicos y orfeón mediático en una campaña de acoso y linchamiento del instructor, sin respeto alguno a la separación de poderes ni a los principios básicos del estado de derecho. O a la utilización irregular de los medios del estado, especialmente de la Fiscalía, en un asunto que afecta a una ciudadana más. Por encima de todas estas malicias con la que se ha viciado la vida pública, lo sustancial e incriminatorio es el silencio de Sánchez. Desde que estallara el escándalo el presidente no ha dado una sola explicación a todas las preguntas que hay sobre la mesa y a las que se le han formulado en sede parlamentaria. Su rendición de cuentas se ha limitado a hablar de bulo y fango. Pero su palabra no es Ley ni él es el Estado.