Sánchez no es el estado ni su palabra es ley

Pedro Sánchez se ha negado a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga a su esposa por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, durante la diligencia en La Moncloa. Y al mismo tiempo ha utilizado a la Abogacía del Estado para querellarse por un delito de prevaricación contra el togado que indaga las presuntas actividades corruptas de Begoña Gómez. Es evidente que el jefe del Ejecutivo ha decidido lanzar ya sin ambages todo el peso y los recursos del Estado contra el juez después de que hubiera intentado frenarlo con una campaña de acoso y difamación con hostilidad manifiesta de todos los ministros y dirigentes del PSOE en un ejercicio obsceno de vasallaje militante por parte de servidores públicos. La implicación directa de la Abogacía del Estado, como ha hecho con la Fiscalía en el desarrollo del procedimiento, retrata el gran pecado original del sanchismo que es el sentirse con el derecho a apropiarse de los resortes del poder en una deriva de ilegitimidad autoritaria impropia de una democracia. El arriesgado movimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denota a nuestro parecer desesperación y angustia frente a un caso cuyo alcance penal está por determinar, aunque no así la condición inmoral y antiestética de los asuntos particulares que se sustanciaron al menos en parte en el Palacio de La Moncloa. El Gobierno ha justificado el recurso de medios públicos en un pleito netamente particular en el amparo de la dignidad de la institución de la Presidencia. La excusa es un insulto a la inteligencia de los españoles, casi tanto como la propia querella que más pareciera una pataleta de soberbia presidencial sustanciada en una narración fabulada sobre la mala fe del instructor, su injusto proceder y la reivindicación de una inmunidad de facto para el poder. Queda de manifiesto en el texto de los letrados de Sánchez que pagamos todos los españoles que la presencia del juez Peinado en Moncloa ha sido la gota que ha colmado el vaso de relativa paciencia en cuanto al respeto a la Justicia, su independencia y la separación de poderes. Que Sánchez haya ejercido el derecho a no prestar declaración en contra de su cónyuge rechina en términos políticos después de que hubiera proclamado en el curso de la investigación su absoluta disposición a colaborar con el juez, pero desde el punto de vista de la defensa parece la opción que se daba por segura en cuanto a la estrategia de cautela penal. Veremos el recorrido de la asombrosa querella prevaricadora, aunque esta clase de recursos cuenta con escasas posibilidades, y lo interpretamos como la enésima trampa obstruccionista. Lo relevante es que Sánchez sigue encastillado en el silencio, en la violación del deber del gobernante de rendir cuentas y someterse al escrutinio público y al control parlamentario sobre asuntos de interés general. Hace tiempo que Sánchez acabó con la dignidad de la Presidencia. El día que mintió a los españoles por primera vez y se creyó que el Estado era él.