Sánchez contra los jueces

En un Estado de Derecho los poderes del Estado se mantienen separados –e independientes– justamente para que unos puedan controlar a los otros. Si todos los poderes del Estado recayeran en una misma persona, decía James Madison, esa persona podría ser calificada con rigor de «tirano»: esa persona legislaría, ejecutaría las leyes y juzgaría su aplicación; es decir, las normas de esa comunidad serían los mandatos derivados del absoluto arbitrio de esa persona/tirano. Que un Estado de Derecho funcional requiera de la separación de poderes no equivale a que los poderes del Estado se mantengan naturalmente separados. Más bien ocurre lo contrario: precisamente porque todo político es un tirano en potencia, todo político aspira a acaparar más y más poder eliminando el resto de contrapoderes que limitan el suyo. La separación de poderes dentro de una comunidad no se mantiene por la buena voluntad del Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial para no pisotearse entre ellos, sino por la firme vigilancia y exigencia por parte de la población para que ninguno de ellos invada y colonice a los otros. En la España sanchista, por desgracia, la ruptura de los consensos sociales más básicos entre los distintos grupos de electores ha conducido a que cada grupo de electores le consienta «a los suyos» cualquier tipo de bravuconada en contra de la separación de poderes y, por tanto, del Estado de Derecho. Por ejemplo, en estos momentos en los que el poder Judicial está legítimamente investigando indiciarios casos de corrupción del PSOE y del entorno de Pedro Sánchez, éste no ha dudado en salir a la palestra a acusar a los jueces de actuar en connivencia con el PP para desalojarlo de La Moncloa. El objetivo de estas acusaciones infundadas es doble: por un lado, evitar la rendición de cuentas ante sus electores y ante la sociedad (si todo es una conspiración judicial contra el PSOE, ¿de qué habría que dar explicaciones?); por otro, preparar un potencial asalto contra la independencia judicial (si los jueces son una mafia que ejerce lawfare contra el gobierno de progreso, ¿cómo no legislar para maniatarlos?). En suma, el PSOE está instrumentalizando sus presuntos casos de corrupción (algunos más presumibles que otros) como excusa para erosionar, aún más, nuestro Estado de Derecho. Porque ésa es la manera de lograr lo que buscan: arbitrariedad e impunidad.