Sánchez llama corruptos a los jueces

El peor sambenito que se le puede endosar a un juez es el de «prevaricador», que no es otra cosa que practicar la nefanda costumbre de dictar resoluciones injustas a sabiendas. Prevaricación que normalmente va acompañada del correspondiente cohecho. El primero que abrió la caja de Pandora fue un tal Tontxu Rodríguez, hasta el miércoles viceministro de Justicia. Pasándose por el forro de los pelendengues la separación de poderes, puso a escurrir el 8 de noviembre a García-Castellón por imputar a Puigdemont coincidiendo con la recta final de las negociaciones PSOE-Junts. Este político baracaldés de vasquísimo nombre y maketísimo apellido se despachó a gusto insinuando una prevaricación de tomo y lomo: «Qué casualidad que sea en este día, tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...». Olvidó un leve detalle: el juez de la Audiencia Nacional se limitó a tramitar el informe que la Guardia Civil le había remitido 48 horas antes. O sea, que la intencionalidad sólo existió en su calenturienta mente. No contento con eso, este leguleyo socialista llamó «okupas» a los miembros del CGPJ.

Rodríguez dio el pistoletazo de salida a una catarata de acusaciones de lawfare a la Judicatura española por parte de miembros del Gobierno. Lawfare es un concepto del que yo tuve noticias por primera vez en mis viajes a la Argentina de los Kirchner. En librerías como el fastuoso Ateneo porteño te topabas con un sinfín de obras que desarrollaban el concepto, todas ellas escritas por tipos de extrema izquierda. ¿Y a qué carajo alude este palabro? Pues ni más ni menos que a los casos de persecución judicial por motivos políticos, algo que es moneda de uso corriente en Venezuela, Rusia, Turquía, Nicaragua, China o en las tiranías árabes, donde los togados son una extensión del Ejecutivo. Nada que ver con lo que acontece en democracias occidentales como la española, donde un caso pasa por tres o cuatro instancias jurisdiccionales con magistrados cada uno de su padre y de su madre que han superado una durísima oposición.

El drama de los demócratas españoles es que el presidente menos votado de la historia constitucional se ha propuesto esclavizar al poder judicial. Cual matones sicilianos, Sánchez y sus machacas se dedican ahora a intimidar a quienes imparten justicia, amén de intentar limitar su autonomía. El siguiente en dar por sentado que el lawfare es una realidad fue Óscar Puente, un ministro que no es precisamente un dechado de virtudes ni de ponderación: «En España hay casos de lawfare, negarlo es un acto de cinismo».

Como no hay dos sin tres, tenía que llegar el autócrata a pegar el puñetazo definitivo encima de la mesa. Sánchez aprovechó su entrevista de anteayer en TVE para abundar en este repugnante bulo. «¿Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país? Definitivamente», respondió cuando le mentaron la palabreja de moda. Todo muy nauseabundo, ya que retrata a nuestros jueces, y entiendo que también a nuestros fiscales, como una panda de mangantes a los que debe juzgar un Parlamento que sería a la vida pública lo que la sala del VAR al fútbol. Como si esto fuera Banana Republic. Quizá es que el presidente confunde sus deseos de perpetuarse en el poder modelo Putin o Erdogan con la realidad de un poder judicial que, de momento, resiste inasequible al desaliento este cantoso golpe de Estado que es el Sanchazo. Constituyen el último dique de contención. El día que se venga abajo, dejaremos atrás la autocracia para enfangarnos de lleno en una dictadura como Satanás manda.