Trabajadores atacados

La Ley Rider de 2021 fue un ataque a los derechos de los trabajadores. Mientras el Gobierno y los sindicatos aplaudían la prohibición de los riders de ser trabajadores autónomos, estos últimos insistían, ante los pocos que queríamos escucharlos, en que ellos no querían ser asalariados, porque siendo autónomos eran más libres y ganaban más. Esto fue ratificado por Fernando Cano en The Objective con datos de los que me hice eco en LA RAZÓN –https://bit.ly/415lr8Z.

Con su habitual alborozo cada vez que se recortan derechos y libertades del pueblo, la izquierda aplaudió la persecución de Glovo y la rendición de su CEO, Oscar Pierre, que aceptó contratar a los riders como asalariados. Todo fue saludado por la prensa progre, que habló de derechos «garantizados», convenios colectivos, un salario de 1.270 euros por mes y una jornada máxima de 9 horas diarias. Como siempre, no hablaron con los trabajadores. Sí lo hizo El Español, que confirmó que se trataba de una vulneración de los derechos de unos trabajadores que querían ser autónomos, trabajar más y ganar más, y que no eran «falsos autónomos». Un de ellos aclaró: «Es cierto que éramos autónomos y que pagábamos la cuota máxima de 380 €, pero eso nos permitía poder trabajar para Glovo, Uber, Amazon Flex y Deliveroo y sacarnos fácilmente entre 3.000 y 4.000 € al mes si le echábamos 10 o 12 horas al día. Yo he llegado a ganar 6.000 € en un mes». Ahora, gracia a la pandilla de «progresistas» que manda, han perdido derechos, libertades y dinero.

Los trabajadores se han manifestado contra estos recortes en sus derechos en varias ciudades españolas, siendo, como siempre, olímpicamente ignorados por las autoridades, los sindicatos, la prensa convencional, y con un vergonzante silencio de la CEOE. El PP, como es habitual, ni está ni se le espera.

Hay, sin embargo, alguna esperanza. Los propietarios de Glovo la vendieron a la alemana Delivery Hero, por obvias razones de protección, porque les faltaba músculo financiero para afrontar las zancadillas legales y regulatorias, pero Pierre continuó como consejero delegado, y ha defendido ante la Justicia la legalidad de su modelo de negocio. Según informó Expansión, ha ganado seis sentencias tras la imputación de Pierre: «Los fallos refuerzan su defensa ante la acusación de que se imponen condiciones a los repartidores». Crucemos los dedos, señora.