Libertad de expresión cuestionada

El pasado lunes, la Sociedad Interamericana de Prensa, reunida en la Ciudad de Pananá, cerraba su denominada reunión de medio año, en la que se había abordado la situación de los medios de comunicación en el continente y, muy especialmente, las cada vez mayores amenazas que se ciernen en algunos países sobre la libertad de prensa y la independencia de los propios medios. En su informe final, la SIP explica que «en el último semestre se registraron ocho asesinatos en Colombia, Honduras, México, Paraguay y Perú; centenares de casos de agresión física y varios sometimientos judiciales que afectan a reporteros y empresas de comunicación, y que han ensombrecido el estado de la liberta de prensa».

A estos casos hay que sumar los de aquellos periodistas que han tenido que abandonar sus hogares y sus países incluso, por amenazas a su integridad, en México y Argentina. Sin embargo, la cifra se queda ridícula si se compara con los más de 400 periodistas venezolanos que se han visto obligados a marcharse al exilio ante las amenazas de los regímenes de Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después, y que están diseminados por más de 34 países diferentes, según apunta la SIP.

Destaca este documento de conclusiones, preparatorio de la Cumbre de las Américas que se celebrará el próximo mes de abril en esta misma ciudad, que se ha observado cómo se fortalece y se generaliza «la tendencia a aprobar medidas legales regulatorias y normas éticas que limitan la libertad de expresión mediante la discriminación en la distribución de la publicidad oficial y un incremento de las distintas modalidades de censura».

De hecho, explican, la censura es el arma que utilizan algunos gobiernos para evitar que los medios de comunicación informen de aquellos temas que les desagradan, y ponen el ejemplo de Ecuador y Venezuela, aunque afirman que «en varios países de nuestro continente se han replicado partes de las medidas de censura o limitación que representan cortapisas a la libre difusión de los contenidos noticiosos de medios impresos y televisivos, así como en las redes sociales, observándose un incremento en el cierre de cuentas de Twitter y en el procesamiento o acoso de blogueros y usuarios de sitios de internet». Así, en Venezuela han sido procesados ocho tuiteros, mientras que en Ecuador se han cerrado cinco cuentas de Twitter a otros tantos usuarios.

Y cuando esas medidas son consideradas insuficientes, gobiernos como los de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador o Nicolás Maduro en Venezuela, optan por comprar directamente las empresas periodísticas «incómodas» a través de testaferros o de acaparar espacios de radio y televisión, «desde los cuales se atacan a los críticos, poniendo en entredicho la reputación de comunicadores y propiciando acoso y persecuciones», poniendo como ejemplo más claro de esta actitud el de Nicaragua, donde el Gobierno sigue incrementando su poder con medios propios y sólo queda un canal de televisión independiente. Tampoco la SIP pone como ejemplo de libre acceso a las fuentes de información pública a buena parte de los países del centro y sur de América. Restricciones para acceder a la información en Puerto Rico, El Salvador, Costa Rica o Barbados.

En cualquier caso, las críticas no se centran sólo en América Latina. Así, el presidente de la SIP, el peruano Gustavo Mohme, aseguró que «hemos sido muy críticos con las intervenciones del gobierno norteamericano a través de las redes sociales y con el apresamiento de un periodista por no revelar sus fuentes. Hemos cuestionado duramente al presidente Barack Obama».