Una turbia gestión de la pandemia que investigar

El «caso Koldo» se ha convertido en el «caso Ábalos» y más pronto que tarde parece que la nomenclatura salpicará a Sánchez, el sanchismo o Moncloa. La avalancha documental es de ese calibre como relevante y significada la lista de implicados del círculo más estrecho del presidente y secretario general del PSOE. La existencia de una trama corrupta con vínculos decisorios en cada día más ministerios resulta a día de hoy un hecho irrebatible hasta el punto que ni siquiera es cuestionada por el Ejecutivo, el PSOE y lo que es más revelador el aparato propagandístico y mediático del sanchismo. Que personas de la órbita de la izquierda en el poder se lucraron de manera ilegal con los contratos y las adjudicaciones a dedo realizadas en el peor momento del contagio es un hecho que acarreará más tarde o más temprano consecuencias jurídicas y políticas que podemos imaginar dado que los indicios señalan a que asuntos como los ERE o Gürtel pueden quedarse cortos ante lo que se intuye por el volumen de las partidas de dinero público que se manejaron de forma discrecional y sin el rigor y los controles adecuados. En este punto, conviene hablar de ejemplaridad y responsabilidad, de las que ha presumido el presidente, así como de incumplimiento y ética pública sobre el papel del Gobierno en los años más duros de la pandemia y especialmente en el manejo y ejecución de los recursos. El Tribunal de Cuentas ha elaborado hasta la fecha siete informes específicos sobre la contratación de emergencia en aquellos años. El último, que aportará una visión global y comparativa del conjunto de todas las fiscalizaciones, se aprobará este año. Sus conclusiones han pincelado un boceto sombrío, con irregularidades reincidentes hasta retratar un cuadro de laxitud en el que se canalizaron cientos de millones de euros hacia proveedores particulares en operaciones grises. El Gobierno y la mayoría que lo sustenta no han sido precisamente guardianes solícitos en la verificación precisamente de la ejemplaridad de sus actuaciones y sus buenas prácticas en el contagio. Más bien, y como es la tónica, se han resguardado en el oscurantismo y la ausencia de rendición de cuentas. Nada sabemos de la auditoría de la gestión de la pandemia tres años y cuatro ministros de Sanidad después. Salvador Illa se comprometió entonces a realizar esa evaluación integral tras atender requerimientos de los gobiernos autonómicos y de científicos de prestigio. 150.000 muertos y cientos de millones de euros aguardan esa verdad oficial que el sanchismo ha guardado en el último cajón a cuenta de una mentira más. Pero para desgracia del Gobierno los frentes se le acumulan en los tribunales y, aunque lenta, la Justicia es inexorable. Este periódico detalla hoy de la investigación de las mascarillas «fake» que atañe ya a tres ministerios con altos cargos de Sanidad, Industria y Hacienda imputados. Hay una causa general pendiente sobre la tragedia y quienes se lucraron con ella, caiga quien caiga, como diría Sánchez.