Los puntos sobre las íes
UIPs: vuestros jefes políticos son socios de ETA
La obediencia debida tiene un inequívoco límite: el cumplimiento de la ley
Vaya por delante toda mi admiración a las Unidades de Intervención Policial (las UIP), lo que toda la vida de Dios se conoció como antidisturbios. Gente aguerrida, honrada, que actúa en el 99,999% de los casos sin sobrepasar los límites, que respeta la ley como pocos y que se juega el tipo como ninguna, día sí, día también, en defensa de las instituciones en particular y los bienes públicos en general. En resumidas cuentas, en amparo de la democracia y nuestra seguridad. Nada que ver con el repugnante y desde luego querellable paradigma que se fabricó sobre ellos en la serie Antidisturbios, en la que se les retrataba como tipos matoniles, facinerosos, drogodependientes y, para que nada falte, protagonistas de deleznables episodios de violencia de género. Un asco creativo que en cualquier país normal sería motivo de una condena por injurias y calumnias. Que son muy buenos y muy respetados no lo digo yo, que por supuesto, lo sustentan sus homólogos europeos que se pasan por Moratalaz de tanto en cuando a aprehender el librillo de los mejores maestrillos. La admiración trasciende los océanos y no son pocos precisamente los cuerpos iberoamericanos que plagian in situ su impecable modus operandi. La televisión, que nunca miente, ha permitido contemplar cómo las algaradas más potentes se les iban de las manos a sus iguales británicos, a los italianos, a los alemanes e incluso a los estadounidenses y no digamos ya a esos chilenos que se vieron impotentes para contener las salvajes manifestaciones de las masas alentadas por el ahora presidente Boric. Sólo se les aproximan en prestigio los franceses de las CRS. Por eso continúo sin entender cómo nuestras queridas UIP se dejaron manipular por ese indigno personaje que es Fernando Grande-Marlaska a las órdenes del más indecente aún Pedro Sánchez en esa cuarta jornada de protestas en Ferraz en la que arrojaron gases lacrimógenos a ciudadanos pacíficos, muchos de los cuales habían acudido allí acompañados de sus hijos adolescentes o de sus ancianos progenitores. La excusa fue el desbordamiento del perímetro de seguridad por parte de cuatro o cinco jóvenes, actos lamentables pero que en ningún caso deberían haber dado lugar a una respuesta tan bestia. La obediencia debida tiene un inequívoco límite: el cumplimiento de la ley. Y aquel lunes de hace casi dos semanas deberían haber dicho «no» a ese impresentable delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que allá por el verano elogió a Bildu que es lo mismo que decir ETA: «Han hecho más por los españoles que todos los patrioteros de pulsera juntos». Tan cierto es que en noches posteriores hubo que poner legítimamente en su sitio a reventadores profesionales convocados por trincones fakers ultraderechistas, cómplices activos o pasivos de Producciones Moncloa, como que la inmensa mayoría de los españoles que se plantan a 150 metros del cuartel general socialista es lo que siempre se conoció como «gente de orden». Tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, básicamente porque Pedro Sánchez está asaltando el poder judicial y estableciendo por la vía de los hechos consumados una autocracia que es la antesala de una tiranía con todas las letras. En fin, palabras mayores. A los que censuran estas concentraciones hay que exigirles que dejen de tocar las narices con el ejercicio de un derecho fundamental, el de reunión, que durante la dictadura simplemente no existía y se perseguía con saña. Y a nuestras UIP debemos rogarles que no olviden jamás que el sanchismo que ahora les da las órdenes es socio de Otegi, el capo de esa ETA que asesinó a 183 de sus compañeros.
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