Y volvieron cantando

Zarandeando a Montesquieu

El «lawfare» ha sido asumido por Sánchez y ahora primeros espadas como Bolaños o Puente ya desbrozan el camino situándolo junto a la causa efecto por la ausencia de renovación del poder judicial

Cuando la sociedad española contempló los efectos reales de una ley «solo sí es sí» con vocación progresista pero manifiestamente ingenua, además de groseramente chapucera, la estupefacción general, la rabia entre las víctimas de abusos sexuales y el lógico hacer en las defensas de los delincuentes para conseguirles beneficios penitenciarios, más allá de corresponderse con la voluntad de rectificar entre quienes desde el poder ejecutivo habían perpetrado tamaño desatino, se encontraron con el levantamiento de todo un muro desde el Ministerio de Igualdad y su ex titular Irene Montero, con un largo silencio cómplice del jefe del Ejecutivo. Un muro en el que quedaban perfectamente delimitados los mantras progresistas y feministas de la órbita podemita, frente al otro lado en el que solo había jueces machistas, ultraderechistas y poco eficaces a la hora de aplicar la norma. Aquella andanada de una parte del Gobierno contra la judicatura comenzó a asentar el magma que ahora se acuña con la mayor de las naturalidades, ya no solo desde Podemos y el separatismo catalán, sino a cargo del propio partido socialista con la anuencia de un Pedro Sánchez, cuyas maneras políticas ausentes de toda empatía hacia lo que no sea el mantenimiento del poder, le han situado como primer referente contra la judicatura en varias décadas de democracia. Sánchez, en su acuerdo con Puigdemont, no solo ha asumido los postulados del prófugo de la justicia en materia de humillación del Estado ante toda Europa, sino probablemente los que sitúan a los jueces de nuestro país como una oscura caterva de «dóbermans» togados enemigos de la libertad y avanzadilla de involución.

La estrategia ya está en marcha desde que se concretaron los acuerdos de investidura y no es otra que la de convencer a una buena parte de la opinión pública del problema que supone, que los valores constitucionales, las leyes y el estado de derecho tengan que ser defendidos en última instancia por jueces mayoritariamente de derechas. El «lawfare» ha sido asumido por Sánchez y ahora primeros espadas como Bolaños o Puente ya desbrozan el camino situándolo junto a la causa efecto por la ausencia de renovación del poder judicial. No se va a desperdiciar ningún argumento por torticero que resulte para desprestigiar la imagen de la Justicia mientras ésta reivindique su legítimo papel de poder independiente. Los jueces son la hierba que sufre la pelea de elefantes políticos y –hora sí– peligra Montesquieu.