El Congreso mantiene su previsión de suspender de empleo y derechos al exministro José Luis Ábalos, si finalmente el juez instructor del Tribunal Supremo decide este jueves enviarle a prisión por su implicación en el 'caso Koldo'.

Según ha recogido Europa Press, si finalmente se decreta el ingreso en prisión del exdirigente socialista, el Congreso aplicará a Ábalos de forma automática el segundo apartado del artículo 21 del Reglamento, donde se señala que "los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta". Según la interpretación de los letrados, esta previsión es aplicable a Ábalos porque, al tratarse de un procedimiento abreviado, "no existe como tal" el auto firme de procesamiento que se menciona como requisito.

Tendrá carácter automático

Su aplicación será automática, sin necesidad de debate en la Mesa del Congreso. La suspensión implicaría que Ábalos dejase de percibir retribuciones del Congreso y ya no tendría derecho a participar en actividades parlamentarias, ni tampoco podría votar vía telemática. En cualquier caso, se trata de una medida temporal y mientras durase esta situación de prisión provisional. En el momento que recuperase su libertad, también recuperaría sus derechos parlamentarios.

Eso sí, la suspensión no implica la pérdida del escaño, que ya es una medida extrema que llega con una sentencia, como ocurrió en el caso de Alberto Rodríguez (Podemos), aunque el Tribunal Constitucional lo desautorizó, o al ser procesado por determinados delitos graves establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue lo que llevó a retirar el escaño a Oriol Junqueras (ERC) y otros independentistas encausados en el procés.

Las acusaciones populares solicitaron revisar las medidas cautelares que tienen vigentes Ábalos y Koldo y ya adelantaron que reclamarán que se ordene el ingreso en prisión provisional de ambos al considerar que "existen indicios racionales de criminalidad" y una "elevada petición de pena".