La cumbre “burbuja” de los obispos

Todos se verán las caras. Pero, la mayoría, a través de la pantalla del ordenador o la tableta. La Conferencia Episcopal Española celebra durante cinco días a partir del lunes su Asamblea Plenaria, o lo que es lo mismo, su máximo órgano colegial que tiene dos reuniones ordinarias al año. Y la convocatoria, por primera vez en su historia, tendrá una modalidad de participación mixta: solo asistirán 38 de los 118 pastores. El resto participará online. Pandemia obliga.

Los que acudan a la sede del Episcopado de la calle Añastro, en el madrileño barrio de Arturo Soria, lo harán en lo más parecido a los llamados «grupos burbuja» de los colegios sin llegar al aislamiento de los corredores de la vuelta ciclista. Incluso, hay quien propuso una Plenaria en clausura, en una casa de ejercicios espirituales, a modo de bunker. Una iniciativa que no fue a más.

Los prelados no van a estar obligados a dormir en la misma residencia, pero según ha podido confirmar LA RAZÓN, sí se les ha instado a reducir al mínimo sus contactos la semana que viene y, por tanto, a rechazar cualquier invitación a participar en actos públicos. Y es que suele ser habitual que los obispos aprovechen su estancia en la capital para participar en presentaciones de libros, conferencias, eucaristías en parroquias o comunidades religiosas, reuniones para resolver asuntos vinculados a sus diócesis de origen, encuentros con amigos… Tampoco habrá invitados ni periodistas en el lugar, como en otras ocasiones.

Pero, antes de entrar, los 38 obispos se someterán a un test rápido de antígenos el lunes por la mañana. En quince minutos estarán los resultados. En caso de que alguno de ellos dé positivo abandonará el edificio para someterse a la correspondiente PCR. Esto hará que la primera sesión de trabajo, con el primer discurso como presidente de Juan José Omella, se traslade a la tarde.

Los organizadores de la Asamblea, con el secretario general al frente, Luis Argüello, no han querido jugársela. No solo para evitar polémicas sobre aforos ante un aumento de las restricciones en todo el país por la segunda oleada del coronavirus. Sobre todo, por evitar la propagación del virus y que la cita se convierta en un foco de contagio. Máxime por la avanzada edad de algunos de los pastores, puesto que, al encuentro, no solo están invitados –y suelen asistir– quienes están en activo, sino también los eméritos, es decir, aquellos que han cumplido 75 años y ya han sido jubilados de sus diócesis.

No eran pocos quienes, en septiembre, en el arranque del curso escolar daban por hecho que la Plenaria sería presencial. Sin embargo, según avanzaba octubre, el repunte de casos ya hizo dudar. Pero fue una mirada al exterior la que ha asustado al Episcopado. En concreto, a los obispos polacos. Los pastores de la tierra de Juan Pablo II se reunieron en Asamblea presencial entre el 5 y 6 de octubre. Una cita polémica en tanto que muchos de ellos sin mascarilla, lo que rápidamente se convirtió en foco de crítica en las redes sociales. Días después del encuentro trascendía que una decena de prelados se habían contagiado de coronavirus y de inmediato se dio por hecho cuál había sido el origen. Entre ellos, el arzobispo Stanisław Gadecki, presidente del Episcopado. Con este precedente, en Madrid han optado por la cautela.

Toda vez que las medidas sanitarias permitan a los obispos arrancar la Plenaria, la agenda de temas a tratar es amplia: desde las consecuencias de la pandemia y la respuesta de la Iglesia a la emergencia económica, social y sanitaria, hasta el nuevo plan de formación de seminarios, pasando por la reforma de las parroquias que ha solicitado Roma.

Pero si hay un tema que se pondrá sobre la mesa es cómo bandear la relación con el Gobierno, sobre todo tras el encuentro de la cúpula de los obispos con el Papa y la reciente visita de Sánchez a Francisco. Si en los encuentros a puerta cerrada las conversaciones sobre las inmatriculaciones y la fiscalidad no van mal encaminadas, entre otras cosas porque Moncloa carece de pruebas para poner contra las cuerdas la gestión eclesial, la tensión se acrecienta por la Ley Celaá. Mientras los obispos estén reunidos, el próximo jueves la reforma educativa se debatirá en el Pleno del Congreso y se prevé que se dé vía libre a arrinconar a la asignatura de Religión dejándola sin alternativa y que no cuente para nota, así como eliminar el criterio de demanda social para la elección de centro, condenando así al cierre paulatino de los colegios concertados, en su mayoría de titularidad eclesial.

Además, los obispos votarán la renovación de Fernando Giménez Barriocanal como vicesecretario para Asuntos Económicos. Se da por hecho su continuidad, tanto por haber modernizado las cuentas eclesiales en aras de una transparencia que ha permitido presentarse con los deberes hechos ante La Moncloa, como por los resultados financieros y de audiencia de Ábside Media, el grupo que aglutina a los medios de la Iglesia, entre ellos las cadenas Cope y TRECE.

Argüello y los intentos de “anular la libertad”

Los obispos exigirán una nota que rechace el fondo y la forma de la Ley Celaá amparándose en el Pacto Educativo Global promovido por el Papa y que el Ejecutivo ha manifestado la intención de unirse. Ayer mismo el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, acusaba a través de Twitter a Moncloa de querer «anular la libertad» a través de la tramitación de ley. Incluso iba más allá en su crítica al referirse de forma implícita al comité de la desinformación y a la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Así, lamenta que el Estado quiera ejercer «como gran padre».