La pandemia lo evidenció y los datos posteriores lo ratifican: la enfermería es hoy la columna vertebral del sistema sanitario, pero sigue pagando el peaje de la infraplanificación, la precariedad y el escaso reconocimiento profesional. Lo que está en juego sobre esta mesa no es solo el bienestar de las profesionales, sino la seguridad y la calidad asistencial de millones de pacientes.

Según el informe oficial sobre la situación y necesidad de enfermeras en España (2024), el país necesitaría en torno a 100.000 enfermeras más para acercarse a la ratio media europea. Al ritmo actual de creación de plazas y de contratación, ese objetivo tardaría décadas en alcanzarse. Esa carencia no es abstracta: se traduce en plantas con sobrecarga, refuerzos temporales que se quitan con rapidez y turnos donde resulta imposible ofrecer cuidados de calidad.

España se sitúa por debajo de la media europea en enfermeras por cada 1.000 habitantes. Menos enfermeras por habitante significa más pacientes por profesional en hospitales y centros de salud (lo que, consecuentemente, puede suponer un aumento en el riesgo de errores, eventos adversos y deterioro de la experiencia del paciente). Exigir ratios seguros y homogéneos debería ser una prioridad sanitaria, no sólo una petición sindical.

En los últimos años, ha habido movimientos normativos (por ejemplo, ámbitos como la prescripción enfermera y la ampliación de competencias) que reconocen capacidades profesionales que ya existían en la práctica diaria.

Sin embargo, la implementación es desigual: faltan formación específica, acreditación homogénea por comunidades autónomas y condiciones retributivas acordes con las responsabilidades asumidas. El reconocimiento formal está bien, pero debe acompañarse de seguridad jurídica, formación y una retribución que refleje la responsabilidad clínica.

La precariedad contractual (los contratos temporales, los refuerzos estacionales y las jornadas partidas) y la sobrecarga asistencial están detrás de los alarmantes resultados que se pueden ver ya muy cerca. Según recientes encuestas, un porcentaje preocupantemente elevado de enfermeras se plantea dejar la profesión en los próximos 10 años. La insatisfacción laboral no es fruto del alarmismo, es el resultado lógico cuando en el mismo cóctel se añaden la falta de plantillas, turnos largos y la ausencia de medidas de prevención de riesgos psicosociales. Casos recientes de denuncias por falta de personal en hospitales demuestran que esto está sucediendo hoy, aquí y ahora.

Aunque ha habido incrementos salariales y acuerdos (convenios que marcan subidas progresivas), las diferencias entre comunidades autónomas, y entre el sector público y el privado son notables. La variabilidad retributiva dificulta la planificación profesional y alimenta la migración laboral interna y externa. Una política de recursos humanos con criterios nacionales y mecanismos de compensación territorial limitaría fugas y desigualdades.

Claro que la enfermería ha avanzado en titulaciones universitarias, especializaciones y en asumir roles de liderazgo en cuidados. No obstante, la implantación de roles avanzados de práctica enfermera es aún incompleta y requiere marcos regulatorios claros, programas de formación de posgrado y líneas de carrera profesional que permitan retener talento en la comunidad y la atención primaria. Invertir en especialización es invertir en mejores resultados de salud.

Al final, menos enfermeras implican tres cosas: menos tiempo de atención por paciente, que revierte, como ya he mencionado, en una mayor probabilidad de errores y menor educación sanitaria; menos continuidad en la atención, que se traduce en una fragmentación y mayor utilización de urgencias; y una mayor rotación de profesional, que da lugar a una pérdida de experiencia acumulada y peores indicadores de calidad.

Pero no se trata solo de cifras, porque detrás hay nombres. Estamos hablando de vidas. Y la eficiencia del sistema a medio plazo se resiente cuando no se garantiza una dotación profesional suficiente.

La hoja de ruta podría vertebrarse en cuatro puntos estratégicos: un plan nacional de plantillas con objetivos cuantificados y mecanismos de financiación estable; ratios asistenciales máximos por ámbito que protejan la seguridad del paciente y el derecho a cuidados dignos; una estrategia de carrera profesional reconociendo roles avanzados, promoción interna, formación continuada y evaluación objetiva que vincule responsabilidad con retribución; una reducción de la precariedad estabilizando plantillas y poniendo límites a la temporalidad estructural y, por supuesto, una política retributiva coordinada entre comunidades autónomas para evitar competencia distorsionada y pérdida de profesionales en determinadas zonas.

Reconocer a la enfermería no es simplemente un gesto de gratitud simbólico, es una inversión en seguridad, calidad y sostenibilidad del sistema sanitario. Si queremos hospitales y centros de salud que protejan a la población mañana, debemos actuar hoy: planificar plantillas, regular ratios, dignificar la carrera profesional y garantizar condiciones laborales que permitan a las enfermeras ejercer con seguridad y plenitud. La salud pública es algo demasiado importante como para dejarla en manos del azar y la improvisación. Es hora de traducir el reconocimiento en medidas concretas y concisas.

Víctor Aznar es presidente de la Fundación para el desarrollo de la Enfermería (Fuden)