Sanidad crea «in extremis» una Secretaría de Estado ante el caos de los brotes

Con España inmersa en plena explosión de brotes de coronavirus a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y los miembros del Ejecutivo de vacaciones de verano en un momento en que se registran cifras que han colocado a España en la cabeza de los países europeos en la segunda ola de la pandemia, el Gobierno anunció ayer a través de un Real Decreto publicado en el BOE la creación de una Secretaría de Estado de Sanidad para reforzar la coordinación con las comunidades autónomas en lo referente a la pandemia. De este modo, el Gobierno busca reforzar la estructura del Ministerio que dirige Salvador Illa, que se convierte en un órgano superior del departamento para mejorar la coordinación entre territorios con motivo de la crisis sanitaria.

Una de las dudas que surgen ahora es la persona elegida para estar al frente de la institución. Uno de los candidatos con más posibilidades sería el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón. Tampoco se descarta los nombres de Rafael Bengoa, ex consejero de Salud del País Vasco, o el de Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III.

La nueva situación de la pandemia en nuestro país tras la finalización del estado de alarma decretado el pasado mes de marzo, con brotes que surgen a diario en nuestras comunidades, ha puesto de manifiesto la necesidad de coordinar las decisiones con las 17 autonomías. De esta manera, el Gobierno ha esperado hasta al 3 de agosto para poner en marcha un mecanismo que supone un «punto de inflexión» (según señala el texto del BOE) en lo que se refiere a la gestión política en materia sanitaria, para gestionar la «necesidad de reforzar el Ministerio de Sanidad de cara al control de posibles rebrotes de la enfermedad, así como ante la aparición de nuevas enfermedades de potencial pandémico».

Entre las funciones de la Secretaría de Estado de Sanidad estará la de «apoyar al ministro en la comunicación de las políticas sanitarias y decisiones adoptadas», así como «dotar der una mayor transparencia a la acción del Gobierno». Precisamente, esta institución viene a crearse tras la polémica surgida a raíz de que el ministro Illa reconociese la semana pasada que el Comité de Expertos que supuestamente asesoraba al Gobierno durante las fases de desescalada no existía, y que él fue quien tomó estas decisiones a partir de los informes de los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Además de las actuaciones a nivel nacional, el nuevo órgano se encargaría de reforzar la coordinación y presencia del Ministerio en las instituciones y grupos de la Unión Europea, así como en las organizaciones internacionales en materia sanitaria de las que forma parte España. Sanidad ha destacado que la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto los efectos de la sanidad en la vida de los ciudadanos y también su importancia para la actividad económica del país. «Ello hace necesario reforzar la presencia de las políticas sanitarias en los órganos colegiados del Gobierno», concluye el Ministerio que encabeza Salvador Illa.

Herramienta jurídica

Las comunidades autónomas se muestran preocupadas y con las manos atadas ante los rebrotes de la COVID-19 que se están produciendo en España. Ante esta situación, y según el actual Plan del Gobierno de Pedro Sánchez, hasta el momento lo único que pueden hacer es garantizar recursos humanos suficientes, medidas de prevención y realizar una reserva estratégica de productos como EPIs, test, medicamentos y equipos de ventilación mecánica para hasta ocho semanas. En caso de alerta, para dar una respuesta rápida las regiones tienen que ponerse en contacto con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.

Esta última medida es la que más polémica ha suscitado, ya que las Comunidades Autónomas creen que para frenar los rebrotes deben contar con algún tipo de herramienta jurídica para poder actuar con celeridad. La comunidad que más alto ha alzado la voz ha sido Castilla y León. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, así se lo trasladó a Pedro Sánchez en la última Conferencia de Presidentes.

Pero la reclamación se ha reforzado al ver como dos municipios vallisoletanos –Íscar y Pedrajas de San Esteban–, han tenido que ser confinados por el alto número de casos, y que 46 zonas básicas de salud presentan cifras moderadas de positivos de la COVID-19, con especial preocupación las de la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Para poner en marcha medidas de contención la Junta de Castilla y León tuvo que contar con la aprobación del juzgado de guardia, con lo que se perdió un tiempo precioso, a pesar de que el magistrado actuó con rapidez, para evitar la propagación del virus.

Ante esta situación el vicepresidente, Francisco Igea, volvió a solicitar al Ejecutivo central «una herramienta jurídica, para dictar órdenes de aislamiento y restringir algunas libertades». Y es que, sostiene que el Gobierno de España «no puede perder ni 72 ni 48 horas para ver cómo le va a rentar políticamente», porque para la reproducción del coronavirus es determinante.

Además, apuesta desde la «lealtad» al Gobierno de España en la gestión de la crisis, por acabar con toda presión política para afrontar la pandemia, porque «nuestra Comunidad no se puede permitir» volver a tener a 500 personas ingresadas en las UCI.

Y es que todas las medidas se quedan escasas para evitar que una segunda oleada durante el próximo otoño, que es a toda costa lo que pretenden evitar tanto el Gobierno de España como los autonómicos, ya que supondría un fuerte varapalo tanto para las familias como para la situación económica de España, que ya bastante ha sufrido durante la primavera y que con seguridad no podría aguantar otra crisis sanitaria.