El éxodo de las prostitutas: “Solo he cambiado de provincia; yo trabajo igual”

Ambar no dudó en hacer la maleta y mudarse a Alcalá de Henares hace justo una semana. El burdel de Guadalajara donde llevaba trabajando los últimos cuatro años, desde que llegó a España de su Paraguay natal, apenas está a 30 kilómetros del nuevo piso donde ejerce la prostitución, pero la distancia implica dejar Castilla La Mancha para venir a Madrid; es decir, abandona una de las comunidades donde se ordenó el cierre de este tipo de locales para trasladarse a una provincia donde, hasta el momento, no se ha adoptado ninguna medida específica para que este tipo de negocios cesen su actividad. «Hay muchas compañeras que se mudaron a pisos de Guadalajara cercanos al club: la mayoría de la gente que trabajábamos en estos sitios, ahora lo hacemos en pisos, aunque no se hayan movido de provincia como he hecho yo. El trabajo y la mayoría de los clientes son los mismos. Yo trabajo igual, solo he cambiado de sitio. Aquí vienen a verme muchos clientes fijos porque está al lado y hasta se sienten más cómodos porque algunos han cogido miedo y creen que lo han prohibido», explica por teléfono a LA RAZÓN.

La iniciativa del Ministerio de Igualdad de instar a las comunidades autónomas a ordenar el cierre de prostíbulos el pasado 20 de agosto vino motivado por la dificultad de rastrear los contagios de coronavirus en estos contextos pero solo ha provocado el «éxodo» de estas mujeres de forma interprovincial. Andalucía, Madrid y Castilla y León son las comunidades de destino escogidas por la mayoría. De esta forma, la medida impulsada por Irene Montero no ha logrado disminuir la prostitución (más allá del tema sanitario, la ministra hablaba de la importancia de acabar con las mafias) ni, desde luego, ha contribuido a luchar contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Es más, este problema, según denuncian algunas asociaciones, podría haber crecido porque el cierre de los clubes ha disparado la prostitución en pisos, lo que se traduce en «esconder» aún más a las mujeres esclavizadas e «invisibilizar» el problema; algo que ya ocurrió durante el confinamiento. Según la asociación Apramp, durante las primeras semanas de la pandemia, las mujeres explotadas que ejercían en la calle fueron trasladadas a pisos clandestinos del extrarradio para obligarlas a seguir prostituyéndose, sin importarles (ni a los proxenetas ni a los puteros) poder contagiarse de la Covid-19 y sin comunicarle a las víctimas siquiera dónde estaban. Sin embargo, otras asociaciones que se dedican a tratar con estas mujeres, como In Género, insisten en la importancia de diferenciar entre quienes ejercen la prostitución y las mujeres que son víctimas de trata. El grupo de trabajadores sociales de In Género, que lleva 16 años trabajando con ellas a pie de calle para asesorarlas en temas sanitarios o jurídicos, no se posicionan en ninguna corriente (hay quienes consideran que se debe penalizar la actividad y quienes creen que lo mejor es regularizar la profesión) porque entienden que son ellas las únicas que deben hablar. Para Miguel Ángel del Olmo, coordinador de la ONG, la medida impulsada por Montero no ha traído nada positivo. «Antes de tomar estas decisiones deberían pensar con un poco de perspectiva de género y sentido común», explica. A su juicio, el cierre de prostíbulos solo ha provocado «desplazamientos masivos» a lugares donde no se «prohibe» la apertura de estos locales y ha aumentado el número de pisos y lugares clandestinos. Del Olmo asegura a LA RAZÓN que muchos locales siguen funcionando, incluso en las comunidades donde supuestamente están cerrados. Eso sí, lo hacen «con las luces apagadas». «La medida ha supuesto personas encerradas en casas y clubes sin saber dónde ir, cómo hacer frente a sus gastos ni qué hacer ahora». «Es como volver a estar confinadas. Al final siempre acaban pagando las mismas», resume.

Andalucía, a la cabeza

El caso de Ambar no es el único. Todas las compañeras que trabajaban en su «hostal» ahora ejercen en pisos: muchas en Guadalajara pero la mayoría se han mudado «a Madrid o Castilla y León, donde otras compañeras nos han dicho que hay más trabajo». Porque, si bien es cierto que durante el confinamiento para muchas no cesó la actividad; otras tuvieron que bajar muchos los precios y generaron muchas deudas, por lo que ahora están trabajando más.

No obstante, las asociaciones que trabajan con estas mujeres aseguran que hay muchos locales de comunidades donde lo han «prohibido» que, si tienen licencia de local de copas, siguen trabajando hasta la 1:00, otros siguen cobrando ERTE, y muchos hoteles continúan abiertos. El motivo de esta «migración» de mujeres es que solo Castilla la Mancha, Cataluña, País Vasco y Murcia recogieron el guante de Igualdad y obligaron a estos locales a cerrar, aunque muchas ya lo habían incluido en sus ordenanzas regionales antes de que Montero lo propusiera, como País Vasco. Así, la falta de un criterio unánime en toda España y el amparo de los empresarios de la legalidad de sus licencias (de hotel o local de copas) ha diluido la propuesta de Montero en una caótica y libre interpretación de la normativa vigente. «Si muchos han decidido cerrar es porque van menos clientes y, si muchos clientes no van, es porque creen que lo han prohibido en todo el terrritorio», explica Ambar.

In Género trabaja con más incidencia en Castilla La Mancha y Del Olmo aprovecha para desmentir ese dato que apuntaba a la comunidad manchega como la que acumulaba el mayor número de prostíbulos de España: «Es la séptima comunidad de una lista que encabezan Andalucía y Cataluña», zanja. La asociación cifra en unas 55 o 60.000 mujeres las que ejercen la prostitución en España y ese traslado de la calle o burdeles a pisos compartidos, se puede apreciar en los anuncios de webs como Pasion.com o Slumi, donde, además de anunciarse, hay apartados donde se ofrecen habitaciones en diferentes lugares de España.

Ellos han detectado en la comunidad manchega 83 clubes, 110 pisos y 12 casas que funcionan como clubes. Sí han notado desde In Género un ligero incremento de mujeres que han dado el paso para ejercer la prostitución, como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia. El perfil mayoritario de éstas es una mujer de mediana edad, en situación irregular, que trabajaba como interna o empleada del hogar por horas sin cotizar y que, tras el confinamiento se quedaron sin empleo. Muchas salieron a la calle porque tenían que seguir mandado dinero a sus países, donde a menudo tienen hijos, y la mayoría no podía optar a ayudas estatales, como el Ingreso Mínimo Vital, que excluye a las personas «sin papeles». La dificultad para acceder a ayudas complica aún más que estas mujeres consideren otras alternativas de trabajo.