Aval del Congreso al «decreto del aprobado general»

El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno al decreto que rebaja la exigencia para adaptarse a la situación de la pandemia y deja a las autonomías pero, sobre todo, en manos de los equipos docentes, que apliquen el criterio que consideren para que los alumnos pasen de curso hasta el punto de que los estándares de aprendizaje serán orientativos.

El decreto, convalidado esta noche con los votos en contra de PP, Cs , Vox y UPN, permite que los alumnos puedan pasar de curso y titular con suspensos si se han adquirido al menos los objetivos generales de la etapa y los equipos docentes consideran que los alumnos pueden continuar con su itinerario académico sin problemas. La ministra de Educación, Isabel Celaá, defendió las medidas excepcionales que, en realidad, son prácticamente las mismas que se aplicaron en el último trimestre del curso anterior e hizo hincapié en uno de los aspectos que más se ha criticado de la nueva norma, como es que se pueda obtener el título de Bachillerato con suspensos. «Afirmar eso es falso. La decisión de titulación se hará tras garantizar la adquisición de los conocimientos de cada etapa», sentenció. También justificó la posibilidad de que haya profesores que, de manera excepcional sólo este curso puedan acceder a dar clases sin el máster habilitante con el argumento de que «lo habían solicitado reiteradamente las comunidades autónomas para hacer un refuerzo de las plantillas en condiciones de seguridad».

Pero los argumentos de la ministra no convencieron a los partidos de la oposición. Óscar Clavel, por el PP, la acusó de «hacer dejación de funciones y aprovechar la ocasión para bajar el nivel y así adelantar su ley de Educación». Lamentó que las medidas fueran una «vuelta al aprobado general» y de que «no garanticen la igualdad de la educación con unos criterios comunes».

En la misma línea, la portavoz de Cs, Marta Martín, acusó a la ministra de «aplicar el rodillo» en el procedimiento empleado y de «generar desigualdades» en materia educativa entre las comunidades autónomas. También se quejó de que se supriman las evaluaciones de diagnóstico del sistema en un momento clave como el actual. Martín no ocultó su indignación porque no se vaya a contar con la opinión de la comunidad educativa en el Congreso para la reforma de la «ley Celaá». «Esto es autoritarismo», dijo. Y lamentó las «prisas» por tramitar la norma al mantener la comisión de Educación pasadas las 21 horas de hoy, cuando terminó la sesión plenaria.