Vía libre a la eutanasia a domicilio y en residencias

La ponencia de la Comisión de Justicia constituida en el Congreso para estudiar el proyecto de ley de eutanasia, que debatió las enmiendas propuestas por PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, el grupo Plural y EH Bildu, aprobó ayer con 22 votos a favor y 14 en contra su dictamen sobre la norma.

Una de las modificaciones más llamativas es la que plantea la posibilidad de que la ayuda a morir se pueda efectuar no solo en centros sanitarios, sino también en el propio domicilio del paciente. La modificación al punto dos del artículo 14 dice lo siguiente: «Se realizará en centros sanitarios públicos, privados, o concertados, y en el domicilio particular, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza». PSOE y Unidas Podemos han registrado esta enmienda conjunta, aunque es una propuesta que han planteado también Ciudadanos, EH-Bildu y el grupo Plural, que agrupa a Compromís, JxCat, Más País y el BNG. La mayoría de los grupos apuestan asimismo por que la ayuda a morir pueda prestarse en centros sociosanitarios, es decir, en residencias de ancianos.

El diputado del PP José Ignacio Echániz, asegura que llevar la eutanasia al domicilio particular persigue «sacarla del ámbito público y que desaparezca socialmente». Considera que todo el proyecto de ley «es criminal», y destaca otra de las enmiendas, como el artículo 6.4, en el que se afirma que «en caso de que no exista ninguna persona que pueda presentar la solicitud en nombre del paciente, el/la médico tratante podrá presentar la solicitud de eutanasia». «El término médico tratante es una barbaridad –indica–, trata a los profesionales como si fueran ganado». También destaca que, a efectos de registro, la disposición adicional primera establece que «la muerte producida derivada de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de muerte natural a todos los efectos». El diputado popular considera que la eutanasia «es justo lo contrario, es una muerte artificial, provocada, es otra barbaridad del texto».

Otros de los cambios propuestos es que, además los españoles y residentes en nuestro país, puedan solicitarla quienes cuenten con un certificado de empadronamiento de al menos doce meses (artículo 5.1). Asimismo, que no solo pueda solicitarla quien padece una enfermedad grave, incurable o invalidante, sino también quien sufre un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante». Polémico es además que «las administraciones sanitarias crearán un Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir» (artículo 16.2), ya que, en el fondo, da pie a la creación de «listas negras» de médicos.

Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, asegura que el pase del documento a la Comisión de Justicia (paso previo a la aprobación de la ley) «es una triste noticia», porque se han incorporado «cuestiones políticas que no nos gustan nada», y que afectan a modificaciones del Código Penal. Además, considera que ahora hay otras prioridades, como «el proyecto de ley de la nueva normalidad, el marco normativo de la pandemia, que entró en la Cámara en junio, y va a paso de tortuga».