Covid-19

Sanidad concede la gestión del registro de vacunaciones a una empresa privada pese a contar con 1.000 empleados públicos

Encomienda la tarea a Capgemini en un proceso acelerado y sin concurso, con un coste de 128.720 euros para las arcas del Estado

Rueda de prensa de Salvador Illa tras la reunión del último pleno del Consejo Interterritorial del SNS
Rueda de prensa de Salvador Illa tras la reunión del último pleno del Consejo Interterritorial del SNSLuis DíazLa Razón

A pesar de contar con casi mil funcionarios y empleados públicos en su plantilla, el Ministerio de Sanidad sigue externalizando en favor de empresas privadas la gestión de algunos aspectos claves de la pandemia. Y vuelve a hacerlo sin concurso, bajo la justificación de la situación de emergencia en la que vive España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy, con casi tres meses y medio de retraso, otra adjudicación efectuada por el departamento que áun dirige Salvador Illa a una consultora, en este caso Capgemini España, S.L., que se materializó en realidad el pasado 21 de septiembre, cuando la incidencia de casos de coronavirus era muy inferior a la que se registra ahora. Se trata de un contrato para la definición, implantación y operación de un registro de vacunaciones, por un importe para las arcas públicas de 128.720 euros. La adjudicación se produjo mediante un procedimiento negociado sin publicidad acelerado a la única empresa que participó en la misma, una tónica habitual en la contratación que ha realizado el Ministerio de Sanidad y uno de sus órganos, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) desde el estallido de la pandemia. En este caso, el órgano adjudicador no es el instituto que dirige Alfonso Jiménez Palacios, sino la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Se da la circunstancia de que la titular de este cargo no fue nombrada para el mismo a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el mes de noviembre. Se trata de Patricia Lacruz Jimeno. Hace días, LA RAZÓN publicó que el departamento de Illa había publicado en el BOE con ocho meses de retraso otra adjudicación realizada sin concurso el 20 de abril a la consultora Accenture por 375.220 euros, en un procedimiento negociado sin publicidad acelerado. El objeto era el servicio de soporte al cuadro de mando sobre la evolución de la Covid-19.