Illa se abona a las adjudicaciones sin concurso a empresas externas

El Ministerio de Sanidad está echando mano de empresas privadas para encomendarles tareas referentes a la gestión de la pandemia de Covid-19, después de que hace justo un año su plantilla de 1.078 empleados públicos quedara disminuida por la creación de los Ministerios de Consumo y de Derechos Sociales para dar cabida en el Gobierno a Alberto Garzón y Pablo Iglesias.

La externalización de servicios, tan reprochada por el PSOE y toda la izquierda al Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, se ha generalizado en el departamento que todavía dirige Salvador Illa a lo largo de esta pandemia, y afecta a tareas que abarcan desde la puesta en marcha del polémico registro de vacunaciones contra la Covid hasta la subcontratación de la gestión de datos epidemiológicos procedentes de las comunidades, además de otras acciones.

En la mayoría de los casos la adjudicación se ha realizado sin concurso a la única empresa que participaba en el proceso, bajo la justificación de la situación de extrema urgencia que atraviesa España como consecuencia de la grave crisis de Salud Pública motivada por la Covid. En varios, transcurren además meses entre la firma del contrato y su pertinente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su conocimiento público, y la autoría de la adjudicación corresponde en la mayoría de las ocasiones a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia, que encabeza Patricia Lacruz. Se trata del mismo órgano que protagonizó en la primera ola el escándalo de la compra de test «fake» a una empresa china que hubo que devolver ante su nula fiabilidad.

El Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha solicitado precisamente la comparecencia del ministro Illa ante la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja para que dé cuenta sobre la adjudicación por parte de su departamento de un contrato a la consultora Capgemini España, S.L. Como adelantó LA RAZÓN el pasado 9 de enero en su edición digital, la Dirección General de Lacruz encargó sin concurso a dicha empresa la definición, implantación y operación de un registro de vacunaciones, por un importe para las arcas públicas de 128.720 euros sin IVA, por lo que la cantidad final que ha pagado la Administración asciende a 155.751,2 euros.

La adjudicación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ese mismo día, se materializó mediante un procedimiento sin publicidad acelerado bajo la justificación de extrema urgencia. Vox ha demandado al Gobierno una copia del expediente administrativo completo del contrato, que se adjudicó el 21 de septiembre de 2020.

LA RAZÓN también informó a principios de año de otro contrato adjudicado sin concurso por la misma Dirección General a la consultora Accenture para la prestación del servicio de soporte al cuadro de mando sobre la evolución de la Covid-19. El anuncio en el BOE se produjo con más de ocho meses de retraso con respecto a la firma del contrato, y el importe del mismo asciende a 375.220 euros. Según publica La Información, esta misma empresa obtuvo otro contrato de más de medio millón de euros por su apoyo técnico para el estudio nacional de seroprevalencia.