Enfrentamiento entre el Gobierno y el sector cinegético

La Comisión Estatal de Patrimonio Natural, reunida este jueves, ha aprobado por un único voto de diferencia la inclusión del lobo en el catálogo de especies vulnerables. Esto supondrá la prohibición de su caza y, por tanto, de una gestión que durante años el sector cinegético afirma haber funcionado y dado como resultado el aumento y la recuperación de sus poblaciones.

Esta decisión, en la que comunidades que no cuentan con ningún ejemplar en sus territorios han tenido el mismo peso que quienes viven cada día el conflicto que supone la coexistencia del lobo y la ganadería. El sector de la caza afirma que esta medida supone un nuevo abandono del Gobierno al mundo rural y se contrapone a una realidad que indica que allí donde se gestiona el lobo, su población se recupera, mientras que donde se protege estrictamente, disminuye, como es el caso de Portugal.

Desde la Real Federación Española de Caza señalan que los votos favorables han sido emitidos en su totalidad por comunidades que no tienen presencia alguna de la especie y que, por tanto, desconocen totalmente el problema que sufren cada día los ganaderos de las comunidades con ataques continuos por parte de lobos, por lo que su voto solo puede achacarse a posicionamientos políticos y a presiones ecologistas.

Durante el día de ayer también se ha votado la inclusión de la tórtola en el catálogo de especies vulnerables, votación que ha quedado en empate, pese a las presiones que ha habido durante los últimos días a las Comunidades Autónomas para que apoyasen la protección de la tórtola, aun cuando España ha tomado durante los últimos años estrictas medidas para su recuperación, impulsadas principalmente por el sector cinegético.

El sector de la caza denuncia que el Gobierno ignora las evidencias científicas que apuntan justo a la dirección contraria, con informes de diferentes entidades como Fundación Artemisan. Es más, se contrapone incluso al propio informe elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) sobre la tórtola que, en su respuesta a la Unión Europea, defiende que la gestión de la tórtola debe incluir la caza sostenible.

Así, el informe remitido por el MAPA recoge que la población de tórtola muestra una estabilización y moderado incremento en España desde los años 2013 – 2014 según datos de SEO/BirdLife y defiende que desde el sector cinegético se están impulsando proyectos para la monitorización de la tórtola y otras especies cinegéticas, que se han ajustado los períodos hábiles de caza, se han reducido los días hábiles, los cupos y las capturas de tórtola.

Además, es el sector cinegético el que está llevando a cabo suplementación de alimento y agua, cultivos para especies cinegéticas y gestión forestal, medidas fundamentales para la tórtola y otras especies. En definitiva, el Ministerio respalda que, precisamente, es el sector cinegético el único que ha tomado medidas para la recuperación de la especie, por lo que la implementación de una moratoria de caza podría poner en peligro el futuro de la especie.

Ninguna de estas decisiones es vinculante y ahora será el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) quien tendrá que decidir el futuro de ambas especies.

El presidente federativo, Ignacio Valle ha advertido al MITERD que, si continúa con esta deriva ideológica, tomarán todas las medidas legales para impedir este atropello contra el mundo rural. En la misma línea se ha manifestado el presidente de la Fundación Artemisan, José Luis López-Schümmer, quien asegura que hoy se ha dado un nuevo golpe a la España Vaciada, ignorando el trabajo y los informes técnicos y científicos que avalan que la caza sostenible es necesaria para garantizar la viabilidad de ambas especies.