En plena batalla de Bruselas con las empresas farmacéuticas, cada vez aparecen más voces críticas sobre si la estrategia de la Comisión Europea para asegurarse el suministro de los antídotos ha sido la adecuada y si serían necesarias medidas más drásticas que las barajadas hasta el momento. Dentro de las instituciones comunitarias, el primero en apostar por un giro radical ha sido el presidente del Consejo, Charles Michel, que pidió a la Comisión Europea la activación del artículo 122 de los tratados europeos. Aunque el político belga no ha detallado en profundidad hasta dónde estaría dispuesto a llegar con esta maniobra, hay leyes que amparan medidas como el control directo de las plantas de producción de los laboratorios, requisar las vacunas o la liberación de patentes.

­­La Comisión Europea ha hecho caso omiso a este llamamiento y prefiere seguir negociando con las empresas farmacéuticas. Sin embargo, en el Parlamento Europeo cada vez más grupos políticos apuntan a que la vacuna debería ser considerado un bien público y las patentes deberían ser liberadas. Recuerdan que esta hipótesis cobra pleno sentido ya que Bruselas ha invertido una cantidad ingente de dinero público en la investigación y el desarrollo de una vacuna contra una pandemia sanitaria que ya se ha cobrado más de 2,3 millones de vida en todo el mundo.

El debate sobre la liberalización de las patentes también está presente en el seno de la Organización Mundial del Comercio, a instancias de India y Sudáfrica. En una reunión celebrada la semana pasada, EEUU, la UE y Reino Unido rechazaron esta petición al considerar que esto sofocaría la capacidad de innovación de las empresas.

¿Qué opinan los eurodiputados españoles?

Para Soraya Rodríguez, eurodiputada de Ciudadanos, «hay que buscar soluciones distintas a situaciones distintas» ante el cuello de botella que está suponiendo que los laboratorios no sean capaces de producir al ritmo comprometido y que nos enfrentemos a una pandemia mundial. Rodríguez recuerda que Sanofi se ha comprometido a fabricar la vacuna de Pfizer ante la imposibilidad de desarrollar su propio antídoto y que esto abre el camino para llegar a acuerdos de licencia voluntaria entre los diferentes laboratorios. «Hay un terreno inmenso de posibilidades, ahora no podemos quedarnos de brazos cruzados», asegura la eurodiputada de Ciudadanos. Rodríguez también apunta a que el contrato firmado con AstraZeneca –y del que se conoce una versión censurada– también obliga al laboratorio a buscar plantas de producción alternativas, si no puede hacer frente a los encargos comprometidos por contrato.

Al ser preguntado por esta opción, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha apuntado a la necesidad de que las farmacéuticas «cooperen entre ellas», pero se desconoce si el Ejecutivo comunitario piensa utilizar algún poder coercitivo.

Para la eurodiputada de Unidas Podemos, Sira Rego, «se está tapando un enorme escándalo con el monopolio de los laboratorios sobre las vacunas, cuándo en EE. UU. sí se han reservado una parte de los derechos de la propiedad intelectual». Según Rego, «hay fórmulas jurídicas, tanto internacionales como en territorio europeo, para suspender las patentes» y asostiene que «debe primar el interés general».

La eurodiputada del Partido Popular, Dolors Montserrat, se muestra sin embargo más prudente sobre esta posibilidad y cree que el debate ahora mismo sobre la liberación de las patentes vacunas «sería precipitado». Para Montserrat, lo importante ahora es «pedir transparencia y cumplimiento de contratos» y confía en que, superado este bache, el grueso de las vacunas comenzará a llegar a partir del mes de marzo a todos los países europeos. Según la eurodiputada popular, lo primordial ahora es centrarse en los planes de vacunación para que los antídotos puedan ser inyectados a la población.

Para el eurodiputado socialista, Nicolás González Casares, es bueno que este debate permanezca abierto. «Nadie quiere expropiar las patentes, pero si llegamos a una situación dónde no se llevan a término los contratos puede ser un último recurso», asegura. González Casares no es partidario de una medida de este tipo en el momento actual, ya que podría ralentizar ahora mismo el proceso de vacunación. No obstante, el socialista mantiene que «conceptualmente las vacunas deberían ser un bien público e indeminizar convenientemente a los laboratorios y farmaceúticas».