Ley de la Eutanasia: el paciente podrá morir en cinco semanas

El Congreso de los Diputados aprueba la norma de forma definitiva, que entrará en vigor dentro de tres meses

Vista de la manifestación convocada por la asociación provida Vividores frente al Congreso este jueves en contra de la aprobación de la ley de eutanasia
Vista de la manifestación convocada por la asociación provida Vividores frente al Congreso este jueves en contra de la aprobación de la ley de eutanasiaZipiEFE

Más de 20 años después de que se presentara la primera propuesta para regular la eutanasia en España (Izquierda Unida presentó la primera iniciativa en 1998), el Congreso dio luz verde ayer por mayoría absoluta a la Ley Orgánica que regulará esta práctica en España, y que entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El paciente podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso.

El texto, que fue refrendado con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, ha tenido una tramitación parlamentaria exprés (desde enero del año pasado, aunque se interrumpió con la pandemia), y siempre ha contado con el rechazo desde las filas de PP y Vox, que pedían que se sustituyera por una ley de cuidados paliativos y que se tuviera en cuenta la opinión de expertos en la materia. Casi en ese mismo tiempo, se da la paradoja de que nuestro país ha tenido que enfrentarse al mazazo que ha supuesto la pérdida de más de 72.000 personas a causa de la pandemia de Covid-19.

Presentada a iniciativa del Grupo parlamentario Socialista, la nueva norma ha logrado su aprobación gracias a sus socios de coalición, nacionalistas y el beneplácito de Ciudadanos. El texto final ha incorporado enmiendas parciales y se han modificado los plazos marcados desde que el paciente solicite su aplicación.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, agradeció el trabajo de todos los grupos parlamentarios, y destacó la importancia de esta nueva norma «hacia una sociedad más justa, más decente y que se preocupa por evitar el sufrimiento de todos sus miembros».

En este sentido, la diputada socialista María Luisa Carcedo, impulsora del desarrollo de la ley, agradeció que el Congreso haya «cogido el testigo» de las personas que llevan «años» pidiendo la regulación de la eutanasia.

Desde el PP, el diputado José Ignacio Echániz aseguró que la eutanasia es un acto antimédico y anticonstitucional y advirtió del «efecto llamada» que provocará entre las personas más vulnerables, a las que se «empujará» a la eutanasia. En este punto hay que destacar que en países como Suiza, que permite el suicidio asistido bajo ciertas condiciones, se ha visto triplicado el aumento de la demanda de esta práctica desde 2010, según datos de su Oficina Federal de Estadísticas.

Además, Echániz destacó que «el Gobierno no ha tenido ningún tipo de pudor para ponerla en marcha en este momento tan delicado». «Es una muy mala noticia, me parece una enorme tristeza para la España del futuro», recalcó, y mostró la necesidad de vigilar cómo se lleva a cabo el proceso «para que no haya una sola persona que se vea llevada a la eutanasia sin quererlo realmente».

Desde las filas de Vox, Lourdes Monasterio informó de que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional para solicitar la paralización de la ley. «Le haremos frente y, más pronto que tarde, ganaremos y daremos esperanza a quien la ha perdido y, así, protegeremos la vida a todos los españoles», indicó.

A favor de esa iniciativa se sitúa la organización Asamblea por la Vida, que representa a unas 150 organizaciones católicas y provida, que este miércoles acordó poner en marcha una línea de actuación para evitar que se aplique la ley. El portavoz de la asamblea, Jaime Mayor Oreja, comparó esta norma con «la socialización del miedo» que ETA propició en su «etapa en el País Vasco», y ahora «se socializa el mal entre los médicos, los pacientes y las personas de una familia». De este modo, señaló que muchos españoles entenderán «la maldad» el texto «a medida que se vaya aplicando».

Entre los partidos que refrendaron la ley, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez la calificó de «hito histórico» y pidió que no se contraponga eutanasia a cuidados paliativos. Giménez criticó que PP y Vox quieran «imponer su moral a todos los españoles»: «Ustedes siempre han estado en contra del avance de derechos, porque no quieren la libertad de decidir... pero España va a reconocer este derecho a pesar de su oposición», aseguró.

Tras la luz verde del Congreso, la normativa fue recibida con aplausos en el hemiciclo desde los partidos que la han refrendado, mientras que diputados de Vox mostraban pantallas en las que se podía leer: «Derogaremos». El debate se extendió a las afueras del Congreso, donde se produjeron varias concentraciones a favor y en contra de la eutanasia.

Por su parte, el presidente de Semfyc (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria), Salvador Tranche, afirma que ahora «existen mucho interrogantes sobre su aplicación, y no son menores. Destacan la objeción de conciencia, las situaciones limitantes de la capacidad (enfermedad mental, menores de edad, incapacidad legal y de hecho), la inseguridad jurídica de pacientes y médicos, plazos de reflexión muy ajustados, las carencias de la asistencia paliativa o la acomodación a la deontología médica, entre otros». Así, opina que «hace falta una reorganización asistencial y un refuerzo a la atención primaria para que la ciudadanía ejerza sus derechos al final de su vida», afirma.