La Constitución, frente al derecho a morir

La Ley de la Eutanasia incorpora a España al magro pelotón de países occidentales y ricos que pretenden codificar lo que debe ser una muerte digna, por contraposición a la supuesta indignidad de algunas vidas, las de los enfermos terminales, sí, pero, también, las de cualquier persona que ya no se reconozca en los estándares de dignidad que prevalecen en nuestras sociedades de la opulencia. Se justifican los adalides de tamaña inversión de valores en que no es una norma obligatoria, sólo faltaría, pero ocultan que la normalización legal del suicidio derriba las convicciones morales, trabajosamente acuñadas a lo largo de siglos, del derecho a la vida de los individuos, por encima de cualquier consideración. Ocultan, también, que este cambio de paradigma, absurdo intento de engañar a la muerte, hecho inevitable donde los haya, produce, con la normalización de su ejercicio, un efecto llamada, de indefensión, entre las personas más desvalidas, las que más sufren y las que, en buena ley, más apoyo y ayuda deberían recibir de las instituciones del Estado.

Prueba de lo que decimos es que en los países y territorios que han aprobado este tipo de leyes, como los Países Bajos, el numero de actos de eutanasia no deja de crecer y la casuística, al principio muy restrictiva, se amplía hasta admitir peticiones por razones psicológicas, incluso, entre adolescentes. Se ha aprobado, además, por la puerta de atrás, sin cumplir los requisitos parlamentarios de una ley de rango orgánico, sin escuchar a quienes, frente a la sentimentalidad barata, tienen los conocimientos técnicos, médicos y legales necesarios. Porque hablamos de una legislación con gravísimas lagunas normativas, que la hacen de las más laxas de entre las vigentes en nuestro entorno, hasta el punto de que no existe una verificación posterior por un forense del cumplimiento de los requisitos exigidos. Ni siquiera en Holanda, se ha llegado tan lejos. Es imprescindible que esta norma sea recurrida ante el Tribunal Constitucional, como han anunciado que harán el Partido Popular y VOX, y que se suspenda cautelarmente su aplicación en tanto no se resuelvan los recursos.

Pero, también, que las organizaciones civiles que luchan por la dignidad de toda vida humana sean capaces de trasladar a los ciudadanos la importancia de explicitar el rechazo a la eutanasia en el testamento vital, puesto que la ley que se acaba de aprobar entre aplausos considera válido un documento de aceptación previo, aunque éste se haya redactado muchos años antes y la persona concernida se encuentre imposibilitada de reconsiderar la decisión. En definitiva, dar la batalla contra este resurgimiento de la cultura de la muerte, del utilitarismo como filosofía, que muchos creían derrotada.