El plan de Sanidad obliga a Madrid al cierre perimetral y a impedir la entrada a bares y restaurantes

El nuevo semáforo para la desescalada que ha impulsado el Ministerio de Sanidad en el pleno del Consejo Interterritorial de Salud sin el apoyo de ocho autonomías asesta un duro golpe a regiones como Madrid. A pesar de la caída paulatina de la incidencia de Covid-19, así como del descenso de las hospitalizaciones e ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCIS), y de que casi la mitad de la población diana ya está vacunada con la primera dosis, el documento de actuaciones coordinadas frente a la enfermedad que ha causado la pandemia obligará a Madrid a volver a cerrar perimetralmente la región, a limitar las reuniones a un máximo de cuatro personas, a no abrir el interior de los bares o a recomendar la permanencia de la población en su domicilio.

La Comunidad también tendría que limitar a un tercio el aforo en espacios cerrados, y a obligar al cierre de gimnasios, así como a aplazar ceremonias y restringir las de culto a un tercio. Además del cierre de la hostelería, los congresos sólo podrían ser telemáticos, el aforo máximo de las piscinas sería de un tercio y tendrían que suspenderse oposiciones y pruebas como la EBAU.

La Comunidad se ha mostrado en contra de estas propuestas de restricción del Ministerio por considerarlas “inoportunas” teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica y el avance de la vacunación, y después de que cada comunidad autónoma haya desarrollado su propia normativa tras el fin del Estado de alarma.

Piensa por ello seguir aplicando las medidas contempladas en la normativa autonómica regional, aunque el Ministerio de Sanidad insiste en que las restricciones recogidas en su semáforo son de obligado cumplimiento. Además de la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso, se han opuesto a estas restricciones País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia, y se han abstenido Castilla y León y Melilla.

Madrid lamenta que mientras se plantean estas medidas, Barajas sigue abierto por decisión del Gobierno y una de las posibles vías de entrada de contagiados portadores de las nuevas variantes del SARS-CoV-2.