Las universidades podrán convalidar hasta un año de la FP

Las reformas educativas que ha emprendido el Gobierno, Ley de Universidades (Losu) y el proyecto de ley de FP, que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Ministros, convergen hacia un mismo sitio: estrechar los lazos entre la Universidad y la Formación Profesional. Tanto es así que la «ley Castells» prevé que las universidades puedan convalidar hasta un año a los estudiantes que hayan cursado FP, dependiendo del ciclo formativo que hayan cursado, una forma de otorgar mayor reconocimiento a estos estudios. A su vez, la reforma de la FP que examina hoy el Consejo de Ministros, regula la relación entre enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias, que ya no serán compartimentos estancos. Se diseñarán itinerarios formativos entre los dos sistemas y en ambos sentidos. Más aún, se pretende que haya más colaboración entre universidades y centros de FP, proyectos compartidos o el intercambio de recursos y espacios.

El proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP, que puso en marcha la ex ministra Isabel Celaá y que remata su sucesora en el cargo, Pilar Alegría, crea un sistema único en toda España para evitar que haya 17 sistemas distintos. Por primera vez, se crea un sistema dirigido a estudiantes y trabajadores, tanto si están ocupados como desempleados. Y es que en el plazo de cuatro años, el 50% de los puestos de trabajo requerirán una FP media o superior, pero, en este momento, España solo puede cubrir la mitad de esta demanda.

La nueva reforma establece que toda la FP sea dual ya que la formación en las empresas será obligatoria, aunque habrá dos modalidades: el modelo Dual General, en el que la empresa asume hasta el 25-35% de la formación, sin que medie ningún contrato ni el estudiante reciba remuneración alguna; y la Dual Avanzado, en el que la empresa tiene un papel protagonista en el diseño de la formación y en la manera de impartirla ya que será responsable de ofrecer entre el 35 y el 50% de los conocimientos. En esta modalidad, los alumnos deberán firmar un contrato con la empresa y cotizarán a la Seguridad Social.

Así, la empresa tendrá un papel clave. Asumirán hasta el 50% de la formación de un joven que opta por estos estudios de tal manera que tomarán parte en el diseño del currículo educativo, es decir, de lo que los jóvenes deben aprender. Esta mayor conexión abre así un camino más directo de los alumnos hacia el mundo laboral.

La ley regula, además, la figura del tutor del centro y el de la empresa, que estarán en estrecha relación, aunque la evaluación final será del centro.

Lo cierto es que los alumnos tendrán que ir a las empresas durante todos los cursos que dure su formación. En la Dual General, durante dos años y, en la avanzada, pasado el primer trimestre, se puede hacer en semanas alternas o bien optar por realizar unos días en la empresa y otras en el centro, donde se deben impartir, como mínimo, seis horas de formación. Solamente en casos excepcionales la ley estable una alternancia anual.

Ahora se crea un sistema novedoso de grados de FP (A, B, C, D, y E) de tal manera que habrá desde microformaciones hasta formaciones que permitan obtener cursos o bien se podrá optar por cursos de especialización.

Se crea el concepto de formación a lo largo de la vida, que posibilita la formación de los trabajadores y hacerlo de manera compatible con su puesto de trabajo de tal manera que cada persona podrá diseñar su propio itinerario y disponer de su propia «mochila formativa». El Ministerio también se ha lanzado a reconocer las competencias profesionales es decir, a «canjear» experiencia por títulos y a hacerlo con un sistema con menos burocracia.

Otro de los objetivos será internacionalizar la FP de tal manera que los alumnos se manejen, al menos, en una lengua extranjera y puedan obtener, como en la universidad, dobles titulaciones y tener estancias en centros de trabajo de otros países.

Falta de docentes

Otro de los problemas de la educación es la falta de profesionales. Con el avance en la vacunación, las comunidades autónomas han prescindido de 17.457 docentes (-42%) que contrataron para garantizar el cumplimiento de los protocolos covid y reforzar las plantillas, según datos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Esta organización reclama que se mantengan los refuerzos de personal contratado por el covid y que se reduzcan las ratios de alumnado por clase, tal y como exigimos mediante una concentración frente al Ministerio de Educación el pasado 10 de junio.

El estudio de CSIF además pone de manifiesto un déficit estructural de alrededor de 50.000 docentes, teniendo en cuenta el incremento de las ratios producido desde la crisis de 2009. Además, las jubilaciones de este año y las previstas para el próximo ejercicio, así como las plazas necesarias para reducir la tasa de interinidad al 8%.