Sólo el 7% de palmeros sin casa recibe ayuda estatal

Alrededor de 6.000 personas se han quedado en la calle tras el paso de la lava. El Ministerio de la Presidencia aprobó el martes una ayuda de 5,5 millones de euros para la adquisición de 107 viviendas para lo que queda de 2021, y otros 5,5 millones para enseres de primera necesidad. Un simple supuesto podría ser que se destinasen 51.401 euros por cada una de esas 107 casas. El precio medio del metro cuadrado en la isla de La Palma es de 1.140 euros, así que las viviendas serán de 45 metros cuadrados, por lo que cada una podrá ser ocupada por 4 personas máximo sin entrar en superocupaciones tercermundistas. Son 107 viviendas con cuatro ocupantes, es decir, podrán alojarse 428 palmeros de los 6.000 que lo necesitan, el 7,1%. Ni siquiera se tiene en cuenta la posible restauración de los 981 inmuebles afectados porque no hay partida económica para ello.

Fueron aprobados otros 5,5 millones destinados a enseres, solamente 833 euros por persona. Las posteriores reclamaciones de los palmeros por daños provocados por el volcán correrán a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Los palmeros no sólo sienten que las ayudas para vivienda son exiguas. También deben ver doloroso que el Estado proporcione ayudas de 53 millones de euros, casi 10 veces más, a una aerolínea como Plus Ultra, vinculada al chavismo y en ruinas desde hace años y que ha conseguido dinero destinado en principio para las compañías afectadas directamente por la pandemia. O que consigan préstamos o garantías del Estado, por un importe incluso superior, empresas dedicadas a sectores como la joyería o el biodiésel.

Los fondos dedicados por la Administración central son completamente desmesurados en casos como los 451 millones destinados al Ministerio de Igualdad este año, un 157% más que el anterior, o los 123 millones que invertirá la Administración central en publicidad institucional en 2021. No se quedan muy atrás los 64 millones en asesores del Gobierno. O los 13,8 millones que se concedió a Ceuta por los efectos de la pandemia y su «condición de frontera». Por este concepto precisamente son los 30 millones entregados directamente al Gobierno de Marruecos.

Más anecdóticas pero hirientes son partidas como los 5 millones para la reforma de la sede de la UGT, los 21.000 euros al mes que gasta más el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón en alquileres de oficinas o el millón que empleará el Senado para contratar traductores simultáneos y por escrito, además de acometer una inversión inicial para comprar equipos, tras la propuesta de JxCAT para poder usar sin restricciones el catalán, el gallego y el euskera en toda la actividad parlamentaria de la Cámara Alta y que ahora está limitado a las mociones en el pleno.