Sanidad ampara el modelo Muface en su nueva ley de equidad

El Anteproyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para «consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud» que ha preparado el Gobierno presenta cambios y disposiciones significativas como una modificación de la Ley General de Sanidad, de abril de 1986, para consolidar en torno a la «Gestión y Administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Sistema Nacional de Salud», que la prestación sanitaria «podrá llevarse a cabo, además de con medio propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas» en los «términos previstos». Por ello, aunque el anteproyecto parte del concepto de que «lo que es de todos y de todas es para todos y para todas, mediante el establecimiento como fórmulas de gestión preferente de la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios», debe ser «sin perjuicio y sin afectar» a «las personas titulares y sus beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas».

Este artículo muestra que el asedio iniciado por el ala podemita del Gobiernocontra la sanidad privadaa través de las mutualidades parece haber sido frenada. Hay que recordar cómo hasta organismos comola Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) avisaban ya a finales de septiembre del «fuego que abrasa este sistema» del que se «benefician 1,8 millones de funcionarios y mutualistas» al denunciar de forma pública que su viabilidad corría peligro «si persistía la asfixia financiera en la que vive desde hace años». Ya la patronal de la Sanidad privada, Aspe, había destapado que el concierto que se estaba negociando para los próximos tres años incluía una subida de las tarifas del 10%. Aparentemente, se trataba de un porcentaje elevado, pero las clínicas denunciaron que resultaba a todas luces insuficiente para que las aseguradoras se mantuvieran dentro del modelo manteniendo la calidad del servicio prestado. Con lo recogido en este anteproyecto parece que al menos esa parte de la sanidad privada queda resguardada.

Otros puntos

La norma que ahora somete el Gobierno a consulta pública incluye apartados como la ampliación del derecho a la protección de la salud «con cargo a fondos públicos a las personas españolas de origen residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales al territorio español y sus familiares que les acompañen y garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España», ya que se habían creado situaciones de indefensión por la poco clara normativa actual. De la misma manera, se proporciona con claridad protección de la salud y a la atención sanitaria a las personas extranjeras «solicitantes de protección internacional y las víctimas de trata de seres humanos», norma reclamada por organismos internacionales.

Los copagos quedan regulados en la «cartera común de servicios del SNS» para evitar que, «en base a lo establecido por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, puedan incorporarse nuevos copagos sanitarios a la población española». Se establecerá una «única cartera cuya provisión estará cubierta de forma completa por financiación pública, estableciéndose la misma aportación que en la actualidad en el caso de la prestación farmacéutica, la prestación ortoprotésica y las prestaciones de servicios accesorios que estarán sujetas a aportación por parte del usuario y se regirán por su normativa específica».

La participación ciudadana a la decisiones en torno a la Sanidad quedarán reguladas por un Comité Consultivo del SNS. Precisamente ayer la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), María Jesús Lamas, reivindicó que los pacientes y sus organizaciones estén tenidos en cuenta en la evaluación de las tecnologías sanitarias. «Tienen que estar incluidos por transparencia y rendición de cuentas ya que tiene que haber una metodología de trabajo transparente. Pero, por otra parte, se necesita su aportación experta como conocedor de su propia patología. Su participación es necesaria, se consideran igual de expertos los clínicos y los pacientes», señaló durante una jornada organizada por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP). Lamas recordó que se trata de cumplir con un mandato europeo ya que en enero del año que viene se aprobará en la UE la inclusión de los pacientes y las asociaciones como expertos para la evaluación de tecnologías sanitarias y ensayos clínicos. «El reglamento va a llevar a los pacientes a participación activa», apuntó.

Los trasplantes de órganos de donantes fallecidos también se regulan al detalle ya que se desarrollarán «unos criterios de acceso, objetivos y transparentes, establecidos en el SNS, así como, consolidar en nuestro ordenamiento jurídico que ninguna persona podrá acceder a la lista de espera de trasplante mediante el pago de una contraprestación», incluidos los casos entre pacientes de diferentes países europeos «como se establece en la Directiva 2011/24/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza y su normativa de desarrollo».

Y otra norma matizada y aclarada incumbe al Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), extrapresupuestario y destinado a buscar la equidad en la compensación entre las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla por las actuaciones que sus servicios de salud realicen en el marco de la aplicación de la cartera común básica de servicios asistenciales.