Parálisis de Sanidad pese a que la variante Ómicron ya es comunitaria

Poco a poco, el cambio en la situación epidemiológica a nivel mundial que ha surgido a raíz de la aparición devariante Ómicrony las cifras de la pandemia van acercando a España a la tormenta perfecta. Por un lado, el Ministerio de Sanidad ha confirmado cinco casos de Ómicron en España (dos en Cataluña y tres en la Comunidad de Madrid, y hay uno más en estudio en Baleares), aunque lo más destacado de este hecho es queuno de ellos, un hombre de 64 años que ha dado positivo en esta variante, probaría la existencia en nuestro país de transmisión comunitaria de esta variante.

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, informó ayer de que un ciudadano de Madrid que ha dado positivo en Ómicron no había viajado al cono sur de África ni a ninguna «zona de riesgo», lo que supone que ha contraído la covid de una tercera persona en nuestro país.

Por otra parte, el crecimiento de la incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes) da muestras de estar acelerándose. En su informe de hoy, Sanidad ha comunicado un aumento de 17 puntos de este indicador respecto al miércoles, y en la última jornada se registraron 14.500 positivos más.

Ante este panorama, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido en que ni el Gobierno ni las comunidades autónomas se plantean endurecer las restricciones para frenar la transmisión de la Covid-19 o de la nueva variante: «El sentir mayoritario es seguir con las medidas que tenemos», declaró. Así, Darias ha recomendado a los ciudadanos «evitar las aglomeraciones durante el puente de la Constitución», además de «vacunar, vacunar y vacunar» y la «cultura del cuidado».

Además, pese a que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió el miércoles una «discusión» en el seno de la UE sobre hacer obligatoria la vacunación, la titular de Sanidad juzgó que en España no sería necesario «porque nuestra situación es absolutamente diferente» (haciendo alusión al alto porcentaje de población vacunada con la pauta completa, del 89,4%).

No obstante, muchas comunidades autónomas sí estan tomando medidas ante el incremento de la transmisión de la sexta ola, lo que está provocando un galimatías jurídico y un constante «prueba-error» entre las Consejerías de Salud de las regiones y sus tribunales superiores de Justicia.

Con una incidencia de 552 casos por 100.000 habitantes (más del doble de la media nacional) el País Vasco, que consiguió el aval del Tribunal Supremo para extender el uso del pasaporte covid en establecimientos de ocio nocturno y en restaurantes de más de 50 comensales, ha declarado la situación de Emergencia Sanitaria, que entrará mañana en vigor. Esta medida es un paso previo necesario para poder activar la ley antipandemia, con la que el Gobierno vasco podría implantar más restricciones ante la mala evolución de los datos de la Covid-19 en la región. Limitar el aforo en los establecimientos de hostelería, el comercio y actos culturales, o el número de personas por mesa serían algunas de ellas.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Balearesha autorizadoel uso del certificado covid en bares y restaurantes con aforo superior a 50 personas, así como al ocio nocturno. La institución considera que estas medidas son idóneas para controlar la transmisión del virus, necesarias ante el aumento de los contagios y proporcionadas ante la tenue limitación de las libertades individuales en beneficio de la salud colectiva.

No obstante, la aplicación del pasaporte covid no ha sido autorizada por la Justicia en Andalucía para el acceso a residencias y hospitales, «al no contar con una limitación temporal de su vigencia». El Tribunal Superior de Justicia andaluz considera, sin embargo, que la medida planteada cumple con los requisitos de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. Por ello, el consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, ha confirmado que volverán a presentar una nueva solicitud que marque como límite temporal «hasta después de las fiestas navideñas».

Aguirre ha asegurado además que en la reunión del Consejo Interterritorial volvió a demandar «una legislación base que nos sirva como herramienta a la hora de tomar decisiones». Sobre si Sanidad dio alguna explicación de los motivos por los que no se adopta una decisión a nivel nacional, manifestó que «el Ministerio no puede dar ninguna explicación porque lo que no hay es una legislación básica común y eso está creando esta disparidad de criterios» en las distintas comunidades autónomas.

Otra de las regiones que estudia apoyarse en el certificado para frenar los contagios es Castilla y León. Su vicepresidente, Francisco Igea, ha anunciado que su Ejecutivo tomará hoy una decisión al respecto. La sentencia del Tribunal Superior del País Vasco «da una mayor facilidad para implementarlo» en otras comunidades «porque cambia la situación desde el punto de vista jurídico» al «crear jurisprudencia».