El sector de la enfermería protagoniza movilizaciones en toda España

Están dispuestos a dar la batalla. Enfermeras, enfermeros, matronas y fisioterapeutas del sector público salieron ayer a la calle para reivindicar lo que califican de «grave deterioro» de la Atención Primaria y precariedad en los medios con los que trabajan, además de reclamar mejoras económicas y sociales como una jubilación anticipada como de la que gozan otros colectivos públicos.

Convocados ante centros de salud de todas las capitales de provincia por el Sindicato de Enfermería (Satse), las consignas que coreaban no dejaban duda de sus intenciones: «Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra» o «Si siguen los recortes iremos a las Cortes».

Eva Alonso, enfermera del Hospital de Alcorcón (Madrid), denunciaba a LA RAZÓN la escasez de personal. «Hay un déficit en el ratio con respecto a otros países de Europa, que es de 7,8 enfermeras por 100.000 personas. Aquí es poco más de 4. Otra cosa es que en España haya muy buena formación y por eso nos demandan fuera. Pero no puede haber dos enfermeras de noche en una planta con 30 pacientes. Si uno se pone muy mal queda una para los 29 restantes. Imposible de atender». En la misma línea se expresaba Sergio de Casas, portavoz de Satse: «Solo imaginemos a una enfermera de 62 años en una planta, en un turno de noche, corriendo porque un paciente se pone malito. O a una enfermera que tenga que salir de un centro de salud con un maletín de urgencia que pesa 20 kilos y tenga que subir después a un tercero sin ascensor y atender a una persona».

Eva Alonso insitía en que «lo que queremos es que los políticos nos escuchen, que sepan qué se siente. Que vengan a un hospital. Y que la gente entienda que las movilizaciones están organizadas por un sindicato profesional, no político. Que se sienten con nosotros que velamos por la seguridad de los pacientes». Reivindica la labor de sus compañeros. «La campaña de las vacunaciones la hemos tenido que hacer en parte fuera de nuestro horario laboral. Y también pasa en el día a día. Si un paciente enferma no nos vamos a casa».

La jubilación anticipada es otra de sus reivindicaciones. «Con el estrés que hemos pasado tenemos que ir nosotras al médico de cabecera. No me veo con 65 años con la suficiente capacidad mental y física. Pero no podemos seguir así no sólo por nosotros, también por los pacientes».

Jesús García Ramos, enfermero del Hospital del Henares, también en Madrid, explicaba a este periódico que «reclamamos 35 horas semanales, como otros colectivos. Y que se tenga en cuenta que estamos bien preparados, con grado universitario. Incluso hay médicos enfermeros. Y que se aplique a las matronas o fisios». Este profesional es rotundo sobre cómo se encuentran sus compañeros. «Las encuestas están claras: ocho de cada diez enfermeras están quemadas y seis de cada diez dejarían la profesión si pudieran».

María Luz Gascó Marín, enfermera en Valencia, recuerda «la escasez de profesionales que sufrimos desde hace años, agravada por la pandemia». Destaca cómo los enfermeros son «los más contagiados entre los profesionales porque se han dedicado al cuidado de enfermos covid. Han estado junto a ellos las 24 horas al día y los 7 días a las semana. Esto ha llevado a muchas bajas y a una sobrecarga laboral enorme». Recuerda también que «los servicios de Urgencias de Atención Primaria llevan cerca de dos años cerrados y con un futuro incierto»

«Rabia e impotencia»

Los comentarios generales entre los convocados eran muy similares. « No nos han dejado otra alternativa que salir a la calle y protestar públicamente para defender a nuestra sanidad y a nuestros pacientes. Sentimos rabia e impotencia al ver lo poco que les importamos», decía Casas. «Nos encontramos en una situación crítica en los centros de salud, en los que una enfermera o enfermero tiene hasta 2.500 personas asignadas, mientras que en muchos de ellos no hay ni un solo fisioterapeuta. ¿Cómo quieren que con estas condiciones ofrezcamos una atención sanitaria y unos cuidados seguros y de calidad?».

Los portavoces de Satse recalcaban la sensación de desánimo, cansancio, frustración y rabia por haber constatado que, una vez superado lo peor de la pandemia, gobiernos y partidos políticos mantienen su política de no priorizar la sanidad pública, por lo que no destinan los recursos y medios necesarios para reforzar y mejorar este nivel asistencial. «Están condenando a la Atención Primaria a un progresivo deterioro que puede llevarle de manera irremediable a una muerte lenta, pero segura, salvo que la administración actúe con urgencia y contundencia para resolver esta situación», añadía Sergio de Casas.

Estos profesionales han anunciado que continuarán con las protestas y que, antes de que finalice el mes se concentrarán de nuevo, esta vez a las puertas de los hospitales. Y, advierten, si no hay solución a sus reivindicaciones se plantean ir a la huelga.

La ley del Paciente está «injustamente bloqueada»

Los congregados en las protestas criticaron con dureza la situación de la ley de Seguridad del Paciente, que sufre un bloqueo en su tramitación parlamentaria tras más de 25 prórrogas. Sergio de Casas, portavoz de Satse, considera «imprescindible la aprobación y puesta en marcha de esta ley, injustamente bloqueada por nuestros políticos y con la que se quiere dar una mejor atención a nuestros ciudadanos al establecer un número máximo de pacientes por enfermera».

Y recuerda que «está demostrado que, según baja el número de enfermeras por cada 1.000 habitantes, el número de errores aumenta y la seguridad del paciente empeora, y la morbimortalidad, en consecuencia, también empeora. No se trata de una ley para el colectivo de enfermería, sino para el conjunto de la ciudadanía. Queremos que la ley obligue a la Administración a situar los ratios de enfermería en unas cifras que mejoren la calidad asistencial».

Esta ley nació como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por el sindicato en 2018, y tras lograr cerca de 660.000 firmas entró en el Congreso de los Diputados en 2019. Un año después fue tomada en consideración como Proposición de Ley, con el apoyo mayoritario de los Grupos (solo 10 en contra), pero transcurridos cerca de 14 meses aún está pendiente el debate en la Comisión de Sanidad de las enmiendas parciales al texto de la norma.

Cuando se apruebe, España será el primer país europeo y el tercero en el mundo, junto a Estados Unidos y Australia, en contar con una norma de estas características. La inversión que requiere su aplicación se cifra en 50-60 euros por habitante al año. Por cada euro invertido se recuperan directa e indirectamente más de 1,6 euros contando efectos adversos, estancias inadecuadas y otros conceptos, según detalla Satse.