Pederastia

La Iglesia recopila 506 casos de abusos «para repararlos»

Los obispos «colaborarán» con la Comisión de investigación del Congreso, pero cogen con pinzas una participación directa

La comisión que investiga los casos lleva seis meses de trabajo en Portugal
La comisión que investiga los casos lleva seis meses de trabajo en PortugalPlatónLa Razón

La Iglesia española ha recopilado 506 casos de abusos sexuales tras el recuento provisional realizado por las 60 oficinas diocesanas de atención a las víctimas como por los 121 equipos de las congregaciones religiosas. Sin embargo, no se trata de una cifra definitiva, sino de una primera aproximación que se espera completar con la auditoría externa encargada al bufete Cremades&Calvo-Sotelo.

Así lo compartió ayer el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, durante la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente. El portavoz de los pastores aseguró que «conocemos de cerca el drama» de las víctimas «a las que hemos ofrecido, ofrecemos y ofreceremos reconocimiento y reparación». «Queremos que resplandezca la verdad para que no haya lobos que se disfracen de corderos», subrayó Argüello, a la vez que condenó «la permanente sospecha» que en algunos foros se tiene sobre la Iglesia como un «lugar inseguro para niños, adolescentes y jóvenes».

De estos 506 casos notificados, más de 300 habrían prescrito para la justicia civil y 103 de los agresores habrían fallecido. En paralelo, Argüello recordó además que la Santa Sede ya comunicó un total de 220 casos estudiados a 2020. En 2021 habrían llegado otros 14 expedientes nuevos desde el Vaticano, no necesariamente actuales.

Sobre la comisión de investigación aprobada el jueves en el Congreso de los Diputados y que capitaneará el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, los obispos confirman su «espíritu de colaboración» desde «el ordenamiento legal vigente», pero cogen con pinzas «formar parte» hasta conocer con detalle la propuesta que se les hace. En cualquier caso, advirtió de que las funciones atribuidas a esta comisión pública no permitirían fiscalizar a la Iglesia. «La Iglesia no es un poder público, no es una administración pública», expuso el también obispo auxiliar de Valladolid. En cualquier caso, sí valoró que finalmente saliera adelante la propuesta del PSOE y PNV y no la promovida por Unidas Podemos, que buscaba una comisión parlamentaria que tendría una «utilización partidista de un asunto de singular gravedad».

Además, Argüello desestimó que en la Asamblea Plenaria de abril, a la que asisten todos los obispos españoles, se vaya a dedicar una sesión a la escucha de las víctimas. «Esto no quiere decir que no queramos escucharlas», apuntó, a la vez que defendió que hay y ha habido encuentros con ellas en diferentes momentos. Tampoco se opondrán a «la entrada en los archivos» eclesiásticos de las autoridades para investigar los abusos, manteniendo «la privacidad de las víctimas y la protección de datos».

Durante su comparecencia, el secretario general no ocultó «el malestar» existente con Moncloa, un resquemor que el pasado jueves manifestó el propio presidente del Episcopado, el cardenal Juan José Omella, al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Como ya adelantó LA RAZÓN, los obispos han sentido que el Gobierno ha jugado con ellos dentro de su estrategia mediática, tanto a la hora de afrontar la crisis de los abusos como en relación a las inmatriculaciones. Argüello verbalizó ayer la falta de «lealtad» del Ejecutivo, después de que se filtrara a través de un Whatsapp a algunos medios que la Iglesia devolvía supuestamente un millar de bienes registrados indebidamente cuando la realidad era otra: se corregían mil errores del informe que encargó el Gobierno. Desde ahí, el secretario general reivindicó «un camino de leal colaboración, pero la lealtad tiene que ser por ambas partes».

Más allá de estas cuestiones, Luis Argüello destacó que la Comisión Permanente ha aprobado un documento sobre la objeción de conciencia como respuesta a la nueva ley de eutanasia, además de redoblar «la red de acogida y apoyo» de la Iglesia española en colaboración con el Estado ante la «brutal invasión de Ucrania» por parte de Rusia.

«Se nos avecina una crisis económica como nunca habíamos conocido», planteó, consciente de que se le ha dado «una patada en el tablero de la globalización». «Dentro del drama hay una oportunidad para ir a las causas y abordar una reforma desde la raíz como nos pide el Papa Francisco», apuntó.