Asociaciones provida plantan cara al TC

La Asamblea de Asociaciones por la Vida, que agrupa a más de 130 entidades que trabajan conjuntamente por la vida, su dignidad y la libertad, se reunió ayer para informar de los próximos pasos que se van a emprender para poner de manifiesto la presunta falta de la obligada imparcialidad de la sentencia de aprobación de la ampliación de la ley del aborto dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 9 de mayo.

Mientras continúan con sus trabajos jurídicos para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta agrupación de asociaciones emprenderá las siguientes acciones: en primer lugar, presentarán ante el comité de peticiones del Parlamento Europeo una queja por la falta de abstención de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional incursos en causas de recusación al haber participado en otros procedimientos relacionados con esta ley. Y, por otro lado, presentarán también un escrito denunciando esta situación contraria al Estado de Derecho ante el Comisario de Justicia de la Unión Europea.

Según el ex ministro y jurista Federico Trillo, «este acto no va contra nadie y menos contra la mujer, sino que, muy al contrario, trata de reafirmar y unir a todos los que quieren trabajar por el principal derecho, el derecho a la vida». Trillo citó a Julián Marías, quien afirmó que «la aceptación social del aborto es lo más grave que ha sucedido este siglo» y animó a las asociaciones a trabajar para denunciar que el aborto es un mal y no puede ser un derecho. Además, puso o el foco en la doble trampa de la sentencia de 2023, donde dicen no sentirse vinculados por la jurisprudencia previa del propio Tribunal, que recogió en su día el derecho a la vida y, por otro lado, declaran un derecho al aborto que afecta a un bien jurídicamente protegido, la vida.

Por su parte, Francisco La Moneda, jurista y doctor en Derecho, recordó que el pasado día 16 de marzo «por primera vez en nuestra historia democrática, la sociedad civil presentó un escrito de queja ante nuestro más alto tribunal solicitando que los magistrados incursos en causas de recusación fuesen apartados de este procedimiento», escrito que nunca tuvo respuesta, lo que es igualmente excepcional como esta sentencia que ha afectado la imagen de imparcialidad del Tribunal». El jurista remarcó de igual modo que en nuestro ordenamiento jurídico «no existe un presunto derecho al aborto y, más allá de eso, la labor del Tribunal Constitucional es interpretar la ley pero no establecer derechos».