Este jueves, si la huelga de jueces y fiscales lo permite, dará inicio el juicio contra la delegación en España de la Fundación British Council en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Pozuelo de Alarcón tras la demanda presentada por la familia de una menor contra cuatro docentes (la directora y tres profesores) y el propio centro por el presunto acoso vertical (el que se produce por un superior jerárquico que, en el ámbito escolar, sería un profesor ). La demanda, de carácter civil, reclama una indemnización de 35.498 euros por los daños físicos y psicológicos ocasionados a Mónica, nombre de la niña que, cuando sucedieron los hechos, tenía 13 años. Este caso pone sobre la mesa un tipo de «bullying» institucional, menos visible que el que produce entre entre menores, y que no siempre trasciende ni se denuncia.

Los acontecimientos se remontan a 2022, cuando Mónica fue ingresada en una unidad de Psiquiatría de un hospital madrileño tras desarrollar anorexia nerviosa. Perdió más de nueve kilos, su masa muscular se redujo al 16% y su estado de salud llegó a ser tan crítico que se temió por su vida. Esta fue la tremenda consecuencia de meses de supuesto hostigamiento hacia ella, después de que denunciara a sus profesores el presunto acoso que sufría una compañera de clase. Según relata su madre, lejos de encontrar comprensión o amparo, la respuesta del centro fue punitiva, después de que la instaran a mirar hacia otro lado y ella se negara.

El deterioro emocional y físico que sufrió la menor ha sido documentado en un informe pericial firmado por el prestigioso psiquiatra forense José Cabrera. El especialista concluye que Mónica fue víctima de «acoso vertical por parte de algunos de sus profesores en el British Council, y que ese hostigamiento derivó en una situación de estrés agudo que desembocó en un trastorno de anorexia nerviosa».

El juicio, en el que está previsto que declaren los docentes, cinco testigos y dos peritos, se celebra tras fracasar un intento de conciliación impulsado por la magistrada el pasado 25 de febrero. Antes de este encuentro, la madre de Mónica expresó a LA RAZÓN su voluntad de alcanzar un acuerdo con el centro si los docentes implicados se disculpaban con su hija. «No queremos dinero, sino una compensación moral que le permita pasar página. Si el colegio reconociera que ella actuó correctamente al denunciar una injusticia, sería reparador. Solo pedimos que admitan su error y le pidan perdón», declaró.

Expertos en salud mental consultados por este periódico coinciden en la importancia del perdón como herramienta terapéutica en este tipo de casos. «Los menores que sufren acoso por parte de la institución educativa padecen un daño especialmente profundo, porque sienten que quienes deberían protegerles se convierten en verdugos. Un simple gesto de disculpa puede convertirse en el punto de inflexión que les permita empezar a sanar», explican.

Sin embargo, el centro, en lugar de optar por la vía amistosa, respondió con un escrito en el que solicitó a la jueza que impusiera una sanción a la madre de Mónica por sus declaraciones en prensa. Además, presentó una contrapericial firmada por la psicóloga Isabel Díaz, que recoge que el trastorno alimentario de la menor «parece obedecer a una personalidad predispuesta a la anorexia nerviosa y a un conjunto de creencias sesgadas sobre la gestión de la vida». La familia ha cuestionado la validez de este informe, ya que, tal y como aseguran, la profesional no ha tenido contacto alguno con la menor ni la ha evaluado directamente.

La vía civil se activó después de que el procedimiento penal fuera archivado sin que se llegaran a practicar diligencias ni a tomar declaración a la víctima o a los querellados. El motivo fue que el juez instructor no prorrogó el plazo de investigación a tiempo, un hecho que, según consta en la documentación judicial, se produjo tras varios retrasos derivados de la huelga de letrados y funcionarios de 2023. La familia presentó una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial por lo que considera como «dejación e inactividad del órgano judicial».

En paralelo a este proceso judicial, se ha producido un cambio de propiedad en el British Council. El pasado mes de abril, el centro anunció su adquisición por parte de Inspired Education Group, una plataforma educativa internacional participada por varios fondos de capital riesgo.