Sociedad

De complemento a compañero: el nuevo rol de los animales en la legislación española

El reconocimiento del maltrato animal como una forma de violencia vicaria abre nuevas vías para proteger a las víctimas y a sus animales

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La legislación española ha vivido un cambio profundo en la forma en que reconoce y protege a los animales. De ser considerados simples 'cosas' o bienes muebles, han pasado a ser vistos como seres sintientes, con derechos que la ley debe proteger. Este cambio responde a una evolución social que reclama un trato más digno y justo para los animales, reflejándose también en nuevas sentencias y normativas.

Uno de los avances más significativos se ha dado en el ámbito de la violencia de género, con el reconocimiento de la violencia vicaria ejercida a través de los animales. Recientemente, en Gran Canaria, una sentencia históricacondenó por violencia vicaria a un hombre por matar al perro de su expareja. Este hecho ha abierto un nuevo capítulo en la protección jurídica y simbólica de los animales en nuestro país.

Violencia vicaria: el animal como objetivo y símbolo

Eloi Sarrió, abogado animalista y director en Aboganimal, explica con claridad el fenómeno. "La violencia vicaria con animales encaja en un patrón de control coercitivo: el agresor instrumentaliza el vínculo afectivo con el animal para castigar, amedrentar y aislar", señala. "No es un arrebato; es coacción por ser interpuesto. El animal es un objetivo accesible, simbólico y vulnerable", añade.

Sarrió detalla los impactos legales de este reconocimiento: "Deja de tratarse como simple maltrato animal individualmente considerado y se relaciona con la violencia de género, con la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y las posibilidades de protección que eso conlleva, como por ejemplo, abriendo la posibilidad de incluir medidas de custodia sobre los animales en la Orden de Protección".

Además, este enfoque ayuda a "acreditar el maltrato psicológico dentro de una situación de violencia de género" y tiene un "efecto preventivo" que envía un mensaje claro a los agresores y homogeneiza criterios en juzgados y fiscalías.

Un marco legal fragmentado, pero con urgencia de mejora

A pesar de estos avances, la legislación española sigue muy fragmentada. Sarrió sostiene que "regular 'igual' es imposible en el momento actual; regular 'mejor y más coherente', es imprescindible". Actualmente, las leyes se aplican según sectores muy diferenciados: animales de compañía, de caza, de experimentación, de espectáculos, entre otros.

"No es de recibo que una especie animal, por estar destinada a unos 'usos' concretos, se quede desprotegida", advierte Sarrió. Por ejemplo, ¿merece menos protección un galgo usado para la caza que uno de compañía? Para él, deben existir "unos mínimos comunes estatales que fueran indiscutibles y transversales para todos los animales", incluyendo prohibiciones claras contra el maltrato, deberes básicos de cuidado, identificación, control sanitario y sanciones eficaces para quienes incumplan.

Aunque la normativa sectorializada no se pueda eliminar aún, "sí lo es ganar en dignidad y derechos para los animales", concluye.

El reconocimiento de los animales como seres sintientes y la necesidad de su consideración en todas las decisiones

La reforma del Código Civil que reconoce a los animales como seres sintientes marcó un punto de inflexión en la legislación española. Según Sarrió, "nos sacó del callejón sin salida de seguir considerando 'cosas' a los animales. Era algo solicitado por la sociedad y venía aplicándose en cierto modo también en la jurisprudencia".

Aunque cada vez hay más decisiones judiciales cuidadosas, sobre todo en Derecho de Familia, el camino es largo: "Reconocer que sienten no basta: tienen que contar en las decisiones importantes que afectan a la sociedad". Para ello, es necesario que "cada norma en vigor y cada resolución debería motivarse explícitamente en cuanto a su afectación al bienestar animal, igual que hacemos con otros bienes jurídicos cuando son sensibles".

Eloi Sarrió pone un ejemplo práctico: "Igual que ningún promotor serio inicia una urbanización sin sus correspondientes informes sectoriales por afecciones (costas, riesgo de inundación, ruido, afectación arqueológica, etc) tampoco deberían iniciarse obras donde existan colonias felinas sin un informe de impacto y gestión de colonias". Este enfoque integral evitaría daños y sufrimientos innecesarios a los animales y promovería su integración real en las políticas públicas, respetando su condición de seres sintientes.

En resumen, la legislación española está transitando de considerar a los animales como simples complementos a reconocerlos como compañeros con derechos propios. La reciente sentencia en Gran Canaria es un ejemplo claro de esta evolución, que aún tiene mucho camino por delante, pero que cuenta con profesionales comprometidos y una sociedad cada vez más consciente.