Alumnos

Educación planea reformar la acreditación del profesorado universitario

El Ministerio de Educación ha propuesto a los sindicatos una reforma del procedimiento de acreditación del profesorado universitario para basarla en comisiones de evaluación de candidatos "mucho más focalizadas"hacia los ámbitos académicos y científico-técnicos. Consta así en un documento ministerial distribuido a los sindicatos que resume la propuesta para modificar el Real Decreto que regula la acreditación. Las comisiones pasarían de las 22 actuales a 26, formadas por entre 7 y 15 miembros, mientras que ahora son en torno a 10.

Además, todas y cada una de las comisiones establecerían criterios propios para fundamentar sus evaluaciones. "El objetivo a medio-largo plazo sería que las universidades dispusieran de esa libertad de contratación plena, sin que el Estado ejerciese control alguno mediante las acreditaciones de profesorado", defiende el Ministerio en el documento al comparar el modelo español con el mundo anglosajón. El éxito de algunas de las universidades anglosajonas, se argumenta, se basa en la "libertad de contratación (...) sin limitaciones ni requerimientos por parte del Estado".

Pero eso habría de estar unido, matiza Educación, a un "cambio radical en la financiación"universitaria, pues debería quedar ligada en una buena parte a resultados, no sólo de investigación, sino también de docencia o de transferencia de conocimiento. Ello requeriría, a su vez, que el modelo fuese adoptado de forma unánime por parte no sólo del Estado, sino también de las comunidades autónomas.

Mientras tanto se hace necesaria una "reforma relativamente urgente"del sistema de acreditación, según la propuesta. La reforma de la Ley Orgánica de Universidades de 2007 estableció el acceso a los cuerpos funcionarios docentes universitarios de catedráticos y profesores titulares por "acreditación nacional", según los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. El sistema se basa en el examen y juicio del currículum de cada aspirante por comisiones de profesores, sin que aquellos compitan por un número cerrado de plazas.

Mediante concurso-oposición público, las universidades pueden seleccionar entre los acreditados a los que más se ajusten a sus necesidades.

El nuevo procedimiento potenciaría, según Educación, la calidad, por ejemplo, de las publicaciones científicas y la docencia de los candidatos frente a una mera acumulación de méritos. "En esa evaluación debería tenerse en cuenta la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento y la experiencia profesional y, finalmente, la experiencia en gestión universitaria", con prioridad de las dos primeras.

Además, la existencia de dos ponentes por expediente y la publicación de orientaciones de evaluación permitiría "eliminar los informes de los expertos"preceptivos ahora, lo que implica un "ahorro muy importante de recursos y evita no pocas distorsiones y confusiones en los solicitantes". Los miembros de las comisiones se elegirán por el Consejo de Universidades entre candidatos que procedan de un sorteo al azar entre los que cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos entre catedráticos y profesores titulares. En el proceso de evaluación, la decisión de la comisión correspondiente debería ser colegiada, pero cada expediente contaría siempre con la evaluación previa de los dos ponentes.