El Comité de Bioética respalda la reforma del aborto de Gallardón

El Comité de Bioética de España aprobó ayer por 9 votos a favor y 3 en contra el informe que respalda el proyecto de ley del aborto de Ruiz Gallardón que supone un espaldarazo a la polémica modificación legal emprendida por el ministro de Justicia y que posiblemente comenzará su tramitación en el Congreso de los Diputados el próximo mes de julio.

El comité, formado por destacados expertos que emite informes no vinculantes para asesorar al Gobierno sobre las implicaciones éticas de proyectos legales como éste, respaldó el hecho de que la nueva legislación opte por un sistema de supuestos para interrumpir un embarazo, y derogue el sistema de plazos. La normativa vigente en estos momentos en España permite el aborto libre en las primeras 14 semanas y ahora, con la nueva ley, se pasará a un sistema de supuestos. Así, el aborto ya sólo será legal en dos casos: si la mujer ha sido violada y lo ha denunciado y si hay grave peligro para su vida o su salud física o psíquica.

Aún faltan por conocerse los votos particulares, pero el comité apoya el hecho de que el riesgo para la salud física y psíquica para la madre deba acreditarse de forma suficiente con dos informes motivados emitidos por dos médicos, distintos del que practica el aborto, en lugar de tres, tal y como expone el proyecto de ley. También está de acuerdo con el hecho de que los facultativos sean especialistas en «la patología que genera esa decisión». No obstante, recomienda que sea un «equipo multidisciplinar de la Sanidad pública» o bien «acreditado» por la sanidad pública el que emita el informe preceptivo para que a una mujer se le pueda practicar un aborto conforme a la ley Gallardón. El grupo de expertos considera que si es un comité multidisciplinar el que toma la decisión final, se evita a la mujer, en una situación especialmente complicada, un peregrinaje de un médico a otro.

Ahora bien, también este comité, creado en 2007 como un «órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo, que desarrolla sus funciones con plena transparencia», según se define en su página web, solicita en su informe que el Gobierno establezca más ayudas a la maternidad, una cuestión, no obstante, en la que ya está trabajando el ministerio que dirige Ana Mato que, en el borrador el Plan de Familia que está elaborando incluye ayudas que eviten que una mujer se vea obligada a abortar simplemente por cuestiones económicas, una reivindicación que las asociaciones de familia vienen reclamando desde hace décadas.

Plazos más amplios

La norma de Gallardón también regula, por primera vez, el derecho a la objeción de conciencia, otra cuestión sobre la que ha hecho objeciones este comité y, aunque lo respalda, introduce algunas matizaciones. Así, solicita que el Gobierno introduzca «mayores garantías» para estos profesionales y para la objeción sobrevenida, que también regula el texto legal.

El proyecto de ley establece que en caso de que un médico quiera objetar, deberá comunicarlo por escrito a su director del centro dentro de los cinco días siguientes a empezar a trabajar en él. Su decisión se incluirá en su expediente personal, que será reservado y confidencial.

Sin embargo, el comité de Bioética recomienda que ese plazo se amplíe de cinco días a un mes, por lo menos. Algunos ginecólogos, como Esteban Rodríguez, el primer médico de España en convertirse en objetor de conciencia de diagnóstico prenatal de nuestro país, ayer mostró su acuerdo con la puntualización del comité de sabios. « Muchos médicos de familia, enfermeras, matronas, anestesistas, especialistas en gnoseología y diagnóstico prenatal han tenido que recurrir a los tribunales para no verse utilizados por el Estado como instrumentos necesarios para satisfacer un aborto voluntario o condicionado por situaciones clínicas o sociales. Todos esos participantes indirectos en definitiva han sido convertidos en cooperadores necesarios del crimen de aborto y sus conciencias han sido violentadas».

Es por esto por lo que el ginecólogo considera que «esta situación debería ser radicalmente revertida siendo los sanitarios dispuestos a facilitar o ejecutar el aborto los que declarasen su disponibilidad, anticipadamente y por escrito, para participar en la ejecución directa».