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El otro Gran Hermano: rebelión en las aulas

¿Llevaría a su hijo a una escuela con cámaras de vigilancia? Los expertos apuntan a que estas iniciativas pueden dotar a guarderías y colegios de más seguridad, pero otros lo dudan.

  • Unas cámaras vigilan las dependencias de la escuela infantil Minimus de Madrid. Foto: Cipriano Pastrano
    Unas cámaras vigilan las dependencias de la escuela infantil Minimus de Madrid. Foto: Cipriano Pastrano

Tiempo de lectura 8 min.

15 de septiembre de 2019. 03:37h

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M. Benito.  15/9/2019

Seguridad o libertad. Seguridad o intimidad. Cualquier discusión debe ir precedida por varios apuntes: los abusos sexuales a menores de edad se han incrementado un 80% entre 2015 y 2017. En 2018 los delitos contra la libertad sexual entre adolescentes aumentaron un 32,2%, sumando 1.833. Y en una de cada dos denuncias por abuso sexual, la víctima es un menor. Con datos como estos, que aparecen en la última Memoria del Ministerio Público, no parece que la Fiscalía General del Estado improvisara cuando el lunes pasado sugería que tal vez sería conveniente instalar cámaras de seguridad en los colegios. ¿Es la medida más oportuna para acabar con esta lacra? El debate es comprometido. El Gobierno ha sido el primero en subestimar las palabras de la Fiscalía comparándolo con un hipotético Gran Hermano. La opinión de Javier Urra, primer Defensor del Menor, docente en la Universidad Complutense y psicólogo de la Fiscalía durante 32 años, es bien diferente: «Cuando este órgano propone algo así es porque tiene datos y argumentos veraces que provocan una honda preocupación social. Tenemos un problema muy grave y hay que llegar al fondo. Hay un síntoma y el pronóstico, si no se actúa, es muy malo». Tampoco difiere demasiado la reflexión previa de Andrés Conde, director de la organización Save the Children en España: «Lo primero que valoro es que se ponga sobre la mesa un problema de gran dimensión sobre el que nadie toma medidas. La violencia sexual en menores está completamente desatendida por parte de las autoridades políticas. Para empezar, solo un 15% de los colegios en los que un niño ha contado un abuso se comunica a las autoridades».

Alegan transparencia y confianza

Pero la otra verdad que destapa Save the Children es que la mayoría de los abusos sexuales contra la infancia ocurren en el ámbito familiar, no en las aulas. «Y no se producen de forma aislada, sino que se llevan a cabo durante una media de cuatro años», indica Conde. Esto le hace dudar de la eficacia de un sistema de cámaras en los centros educativos. Su uso, no obstante, es ya una práctica habitual en algunas guarderías y centros infantiles, que las instalan alegando transparencia y confianza para la familia. LA RAZÓN ha ido a la escuela infantil Mínimus, en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes. Su directora, Elena Montes, nos muestra el sistema de cámaras que transmiten en directo la vida escolar de los alumnos. «No es un método de vigilancia, ni de control de los profesores. El objetivo es la transparencia de su trabajo y a los padres esto les transmite confianza», explica. No hay cámaras en la piscina, ni tampoco en los baños o en cualquier otro espacio que pueda comprometer la intimidad del menor. Las grabaciones permanecen 15 días. Después se borran de manera automática.

Montes aclara que esto no convierte al centro en una suerte de Gran Hermano. «Los padres disponen de una clave de acceso y se les limita el tiempo a siete minutos diarios. Las cámaras no entorpecen ni condicionan la marcha del centro ni el trabajo de los educadores», insiste. Al preguntarle por las razones, se muestra contundente: «Los niños, igual que los ancianos, son muy vulnerables y, en caso de malas prácticas, están indefensos. Con ellos hay que extremar las medidas de seguridad. Las cámaras ofrecen esa sensación de tranquilidad a los padres y también a los profesores. En momentos excepcionales, si hay inquietud, se pueden ver las imágenes para poder analizarlas y situarlas en un contexto. Utilizadas correctamente, son un instrumento buenísimo para todos». En general, la respuesta de la comunidad educativa a la recomendación de la Fiscalía es negativa. Leticia Cardenal, presidenta de la confederación de padres y madres Ceapa (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos), se muestra escéptica con su utilidad. «No creo que pueda llevarse a cabo, ni tampoco que sea una medida efectiva. Da a entender que los colegios actúan como mafias. Es reprochable. En lugar de poner vigilancia, invitamos a una mayor participación de las familias y del alumnado en los planes de convivencia y a bajar la ratio, de manera que permita un seguimiento mayor de los niños. Es una cuestión de respeto a la labor del docente como formador, no como policía». Tampoco Daniel Vaquerín, que dirige el Instituto Jorge Guillén, en Alcorcón, considera que sea necesario, a pesar de que en el centro se han producido denuncias de acoso y amenazas por parte de las familias de dos menores. «La vigilancia con cámaras –argumenta– minusvalora la figura del profesor, en lugar de fortalecer su trabajo. Lo que se necesita es más apoyo con normas y planes de educación y de convivencia para los alumnos». En el instituto Joan Brudieu de la Seu d’Urgell (Lérida), la decisión de instalar cámaras de videovigilancia en una de sus aulas especialmente conflictiva ya generó un intenso debate entre la importancia de garantizar la seguridad de alumnos y profesores o salvaguardar su privacidad, imagen o intimidad.

Nicolás Fernández, del sindicato de profesores ANPE, muestra también su desacuerdo, aunque sí lo aprobaría en casos puntuales de delito sexual, acoso o vandalismo. «Su carácter restrictivo es desproporcionado y no podemos transmitir que hay inseguridad en los centros educativos. Sin embargo, es verdad que hablamos de actos execrables que hay que cortar de manera urgente. Quizá no sepamos bien cómo, pero desde luego nunca poniendo sobre los colegios una sombra de duda. Son lugares de aprendizaje y convivencia y solo desde esta idea podemos avanzar en la educación en valores». En lo que no parece que haya disconformidad es en reconocer que la Justicia necesita pruebas y las cámaras aportarían un testimonio bastante inequívoco, evitando en algunos casos que un profesor o un menor se vea sometido a una sospecha o imputación injusta. Como docente, Urra lo tiene claro: «Entiendo la indignación del profesorado, pero podría interpretarse como una herramienta también a su favor ante una denuncia o sospecha que, aunque tenga poca veracidad, generan duda y calumnia». Por otra parte, recuerda que vivimos rodeados de cámaras. «Las tenemos en calles, comercios, bancos o carreteras. Lo que desconcierta es no saber en qué espacios se van a instalar o el uso que se hará de esas imágenes grabadas».

Reacción inmediata

La Agencia Española de Protección de Datos publicó en junio de 2018 una guía sobre el uso de videocámaras, según la cual su colocación sólo será legítima cuando la medida sea proporcional con el fin perseguido. «Se pueden instalar en los patios de recreo y comedores cuando responda a la protección del interés superior del menor, toda vez que se trata de espacios en los que se pueden producir acciones que pongan en riesgo su integridad física, psicológica y emocional». No podrán instalarse en espacios protegidos por el derecho a la intimidad como baños, vestuarios o gimnasios. A partir de esta ley, cada Comunidad aplica sus propias recomendaciones. Madrid, por ejemplo, debe informar a la Consejería de Educación y justificar su necesidad. Galicia elaboró en 2016 un protocolo de uso para aclarar o evitar situaciones de maltrato físico, verbal o psicológico, con restricciones a las zonas donde se pueden instalar, quiénes pueden visionar las imágenes y la eliminación del archivo gráfico pasados diez días. En muchos países la grabación de algunos espacios de los centros educativos está muy normalizada y en ciudades como Bogotá, con elevados índices de violencia escolar y trapicheos con las drogas, la mayoría de los colegios cuentan con un amplio sistema de cámaras de seguridad desde 2010. Además de prevenir, permiten la reacción inmediata. Urra reitera que hay que hablar. «De educación, de responsabilidad familiar, de conciencia moral, de los hábitos infantiles, de niños que ven pornografía en la red y empiezan a normalizar conductas tan graves como la violación grupal, la ridiculización de sus compañeros y el abuso. Hay que analizar por qué nacen manadas y por qué los jóvenes sienten esa necesidad de dominar y vejar a un compañero». Dice que la situación se agrava porque aquí no hay nadie que pida disculpas, nadie que se avergüence del daño cometido por estos menores o sienta angustia por el sufrimiento de la víctima. ¿Qué está fallando? Es un problema de conciencia moral, de saber que no todas las opciones que tiene un ser humano son igualmente válidas. El director de Save the Childre reclama protocolos de prevención y detección después de constatar que, cuando a los menores se les enseña qué conductas son inaceptables, los casos de abuso sexual se reducen a la mitad. En Finlandia, que tampoco se libra de esta lacra, se puso en marcha en 2007 la iniciativa Kiva, término que coloquialmente describe algo agradable. Desarrollada por la Universidad de Turku, se basa en una serie de clases impartidas en diferentes etapas, desde los 7 a los 13 años, en las que los alumnos aprenden a reconocer el acoso y practican ejercicios que mejoran la convivencia. Se aplica en más del 90% de las escuelas y se ha exportado a más de una decena de países, demostrando que hay otros modos de aprender la diferencia entre el bien y el mal. En España tenemos un gran debate por delante.

Un escaner cada 30 segundos
El intimidatorio Gran Hermano de George Orwell toma su forma más implacable en las aulas de un colegio de la localidad china de Hangzhou. Tres cámaras escanean cada 30 segundos los rostros de los jóvenes y mandan la información a un ordenador que clasifica en siete sus emociones y miden así su nivel de concentración. Y si esta flaquea, se envía inmediatamente una notificación a su tutor. Este tipo de software funciona en otros puntos del país para evitar que los jóvenes cuelen a sus citas.

En Suecia hubo un amago similar, en una de sus escuelas de secundaria, que enseguida paralizó la Agencia de Protección de Datos. El experimento que contaba con el permiso de padres y niños pretendía hacer uso de la tecnología de reconocimiento facial para controlar la asistencia. En EEUU, los tiroteos han llevado a instalar un sistema de reconocimiento facial y de objetos en el distrito escolar.

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