Pamela Gwinnett, de 62 años, fue declarada culpable en el Preston Crown Court por un elaborado esquema de fraude contra Joan Green, una anciana de 89 años a quien despojó de casi 300.000 euros. Tras ser condenada en ausencia a seis años de prisión, la acusada huyó a Tenerife, lo que ha motivado una orden de extradición internacional.

La investigación reveló un meticuloso plan de aislamiento y explotación sistemática. La magistrada Michael Maher describió la estrategia como una infiltración calculada en la vida de la víctima, tratándola como una "vaca lechera" para beneficio personal.

Durante la pandemia, Gwinnett manipuló el entorno de Joan Green, trasladándola entre residencias y su domicilio, cerrando accesos con candados, interrumpiendo comunicaciones y restringiendo el contacto con familiares. La anciana fue encontrada en condiciones deplorables, en ocasiones abandonada y humillada.

La investigación judicial documentó que Gwinnett sustrajo 161.000 euros directamente y transfirió otros 119.000 euros mediante una cuenta conjunta. Los fondos fueron utilizados para pagos hipotecarios, gastos personales lujosos y tratamientos estéticos.

La familia de Joan Green denunció el devastador daño emocional. Su hijastra, Katherine Farrimond, reveló que la anciana llegó a creer que sus familiares la odiaban, lo que profundizó su aislamiento y deterioro mental en sus últimos años.

Tras la condena, Gwinnett violó las condiciones de su fianza y escapó a Tenerife. El magistrado subrayó que su huida representa un desafío al principio de justicia y al Estado de derecho. La fiscal del caso destacó la gravedad del delito, la vulnerabilidad de la víctima y la premeditación del fraude, elementos clave para la sentencia.