El Gobierno inicia el proceso para elegir la sede de la Agencia de Salud Pública

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el acuerdo por el que se inicia el procedimiento para determinar la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), un organismo estratégico creado por la Ley 7/2025, de 28 de julio, para reforzar la capacidad del Estado en vigilancia, evaluación y respuesta ante amenazas para la salud de la población.

Este paso da cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, que regula el procedimiento de elección de sedes para entidades del sector público estatal, y se tramitará por vía de urgencia, con el objetivo de reducir plazos y garantizar que la AESAP esté operativa en los plazos comprometidos por el Gobierno.

La AESAP responde tanto a los aprendizajes derivados de la pandemia de COVID-19 (2020–2023) como a las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) y la Comisión Europea.

La Agencia albergará el nodo central de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública y será el punto de referencia para la coordinación nacional ante crisis sanitarias, así como para el impulso de la evaluación, comunicación del riesgo y asesoramiento técnico-científico a las Administraciones públicas.

El procedimiento de selección de la sede comenzará con la publicación, en el Boletín Oficial del Estado, de los criterios específicos de valoración, que elaborará la Comisión consultiva del Ministerio de Política Territorial. Estos criterios estarán basados en los principios de transparencia, eficiencia, vertebración territorial y adecuación funcional, y se aplicarán de forma objetiva y competitiva.

Las comunidades autónomas interesadas deberán presentar su candidatura a través de la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial, en el plazo que se establecerá en la convocatoria.

El procedimiento se tramita por vía de urgencia, lo que implica la reducción a la mitad de los plazos administrativos, salvo el correspondiente a la presentación de candidaturas.

Con este acuerdo, el Gobierno reafirma su compromiso con una salud pública moderna, sólida, territorialmente cohesionada y al servicio del bienestar colectivo.