Interior rechaza inscribir a una confederación de estudiantes de centroderecha

Los impulsores de una Confederación de estudiantes de centroderecha han denunciado ante el Defensor del Pueblo y ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la decisión del Ministerio del Interior de rechazar inscribir a la confederación que han formado que atribuyen a una cuestión de “discriminación ideológica”, más que a cuestiones formales de la tramitación, que son los motivos que esgrimen desde el Registro Nacional de Asociaciones, dependiente del departamento de Fernando Grande Marlaska.

Los estudiantes impulsores de la iniciativa están dispuestos incluso a acudir a la vía contencioso administrativa si Interior persiste en su negativa porque “no hay errores o una mala interpretación de la normativa, todo obedece a una cuestión política”, explica uno de sus representantes, Álvaro Moreda.

Desde su punto de vista, “de lo que se trata es de frenar un monopolio (educativo) que tiene muy bien controlado la izquierda y que vayamos a tener representación en órganos que tradicionalmente tienen ellos no creo que les guste mucho”.

Los estudiantes impulsores de la confederación llevan años tratando de lanzar este proyecto, después de un largo itinerario burocrático, porque su idea es hacer contrapeso a otras organizaciones estudiantiles de izquierda con amplia representación en órganos como el Consejo Escolar del Estado o el observatorio para la Convivencia. Según Moreda, desde Interior se adujo en un primer momento que no se podía confederar porque las federaciones eran entidades asociativas de segundo grado que no estaban bajo el paraguas de la Ley Orgánica de 2002, con lo que solamente podían inscribirse como asociación, una circunstancia que les dejaba fuera de los principales órganos de participación a nivel estatal en el ámbito educativo.

Los afectados no se dieron por vencidos y presentaron alegaciones a Interior, que respondió con un cambio de criterio admitiendo que las federaciones sí se ajustaban a la ley orgánica pero solo de una manera supletoria, un argumento que seguía sin permitir la formalización del trámite que perseguían. Los estudiantes, que se han servido de abogados especializados para realizar su trámite, han presentado una nueva alegación, ya que las principales organizaciones estudiantiles están inscritas siguiendo el mismo esquema jurídico. De ahí su estupefacción.

Mientras, el Grupo Popular en el Congreso está preparando una batería de preguntas al ministro del Interior exigiendo respuestas ante lo que consideran una "discriminación por cuestiones ideológicas".