Religión

La libertad religiosa, un derecho negado a 5.400 millones de personas

Ayuda a la Iglesia Necesitada denuncia en su informe que está «en caída libre»

14 de octubre pasado, imagen de una iglesia atacada en Kostiantynivka, en la región del Donetsk
14 de octubre pasado, imagen de una iglesia atacada en Kostiantynivka, en la región del Donetsk PRESS SERVICE OF THE 24 MECHANIZED BRIDGEEFE/EPA

Cerca de dos tercios de la población mundial ven negado el derecho a profesar una religión sin coacciones. Es la denuncia que lanza el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025, que presentó hoy la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Según los cálculos de esta plataforma eclesiástica, más de 5.400 millones de personas ven mermada esta libertad que se recoge en artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La alerta del estudio va más allá, al asegurar que «no sólo está amenazada a nivel mundial, sino que se encuentra en serio peligro de desaparecer».

«El aumento de los autoritarismos, de las guerras y la violencia yihadista, entre otros factores, hacen que este derecho esté en caída libre», explicó el director de la fundación en nuestro país, José María Gallardo, sobre un trabajo de campo llevado entre enero de 2023 y diciembre de 2024. Así, 62 de los 196 países analizados sufrirían «grandes vulneraciones». En 24 de ellos, se puede hablar directamente de «persecución con violaciones graves y sistemáticas que afectan en total a 4.100 millones de personas de países como China, India, Nigeria y Corea del Norte». En los otros 38, la población estaría expuesta «a discriminación por motivos religiosos», lo que podría afectar a más de 1.300 millones de personas, según el análisis de Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Gallardo también se detuvo en el hecho de que 413 millones de cristianos viven en países «donde la libertad religiosa está gravemente violada». «De ellos, 220 millones están expuestos a la persecución, es decir, uno de cada diez cristianos», comentó.

El informe ahonda en la amenaza creciente que se da en regímenes como Irán, Eritrea o Nicaragua, donde advierte de que «los gobiernos imponen sistemas de control sobre las comunidades religiosas, limitan su libertad de culto y castigan la disidencia espiritual». De ello, estos gobiernos autocráticos estarían detrás de la persecución en 19 países y serían consentidores de discriminación en otras 33 naciones. El extremismo islamista estaría detrás de la persecución en hasta quince países, con el Sahel como epicentro. «En países como Burkina Faso, Níger y Malí, la violencia de grupos yihadistas ha obligado a cientos de miles de cristianos a huir, dejando comunidades enteras al borde de la desaparición», se detalla en el texto.

Por otro lado, se lanza una alarma en tono al nacionalismo étnico religioso, que atenta contra la libertad en lugares como India y Myanmar, donde «las comunidades cristianas y musulmanas sufren agresiones y exclusión legal».

Con las dictaduras y el fundamentalismo de fondo, la guerra se convierte en otra causa que derriba de un plumazo la posibilidad de creer en libertad, como se pone de manifiesto en Ucrania, en Tierra Santa y en otros tantos conflictos olvidados. También el crimen organizado se convierte en agente desestabilizador para minar la fe profesada, como ocurre en algunas zonas de México y Haití.

Este deterioro de la libertad religiosa, aunque a otra escala, también afecta al mundo occidental, como reflejan las cerca de mil iglesias atacadas en Francia a lo largo del año pasado y los más de seiscientos actos vandálicos registrados en templos griegos. «Estas agresiones reflejan un clima de hostilidad ideológica hacia la religión», señala Ayuda a la Iglesia Necesitada, que alerta del aumento de actos antisemitas y antimusulmanes. Con estos datos encima de la mesa, por primera vez las 24 oficinas con las que cuenta la fundación eclesial han activado una recogida de firmas para defender este derecho para respaldar un manifiesto que será presentado ante instituciones como Naciones Unidas o la Unión Europea. En el texto, se insta a los gobiernos democráticos a que «protejan a las comunidades religiosas que son víctima de la persecución y la discriminación, y promuevan ayudas concretas y eficaces».