
Sanidad
Mónica García presenta el informe sobre el aborto en España y advierte: "la ley se cumple, punto"
La ministra de Sanidad ha dado a conocer un informe sobre la situación de los abortos practicados en la sanidad pública en los últimos años

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que utilizará "todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas" disponibles para exigir el cumplimiento de la ley del aborto, en concreto, la creación del registro de objetores de conciencia, obligatorio por ley y aún pendiente en algunas comunidades.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha presentado el informe “Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad”, la ministra ha querido lanzar esta doble advertencia al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a la propia Ayuso y a "todos los negacionistas, expendedores de bulos y fanáticos profesionales: no vamos a permitir coacciones ni vamos a desinformación a las mujeres".
Frente a las declaraciones de Ayuso, que ayer afirmó que se tomaría “su tiempo” para responder al requerimiento del Ministerio, la titular de Sanidad ha sido tajante: "La ley se cumple, punto, no hay más". "Vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas para que la ley se cumpla”, ha reiterado.
El informe que ha elevado hoy al Consejo constata que el 21,2% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en España se realizaron en centros públicos en 2024, frente al 78,8% en centros privados. Cuatro comunidades autónomas (Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra) superan el 75% de IVE en la sanidad pública, mientras que en 11 regiones y ciudades autónomas el porcentaje no llega al 10%.
El Ministerio destaca las cifras particularmente bajas en Andalucía (0,2%), Comunidad de Madrid (0,47%), y ausencia total de IVE en centros públicos en Extremadura, Ceuta y Melilla. Sanidad subraya la necesidad de normalizar la prestación pública del aborto y reforzar el acceso equitativo en todo el territorio.
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