Ofensiva educativa del ministro Subirats con el catalán

Mientras en el Congreso de los Diputados se estrenan el catalán, el euskera y el gallego y mientras el Gobierno pelea por que sus socios comunitarios reconozcan estas lenguas como idiomas oficiales en la UE, el ministro de Universidades, Joan Subirats, se ha convertido en el gran valedor del catalán en el ámbito universitario y sigue apuntándose tantos en su promoción y la del resto de lenguas cooficiales en las universidades españolas. El último de ellos ha sido que la Unión Europea reconozca el catalán como lengua de aprendizaje. Así, el croatalán formará parte de la plataforma OLS (Online Linguistic Support) del programa de movilidad Erasmus+, que permitirá que miles de estudiantes conozcan y aprendan la lengua catalana durante sus Erasmus en Cataluña de manera gratuita a través de cursos, un anuncio muy aplaudido por el consejero de Investigación y universidades catalán, Joaquim Nadal. «Aunque llega tarde pone fin a un agravio histórico injustificable», ha señalado nada más conocer la noticia.

«La Comisión Europea reconoce la importancia de promover la diversidad lingüística e incluir información para los cursos gratuitos disponibles para aprender catalán, vasco y gallego proporcionados por las regiones en las que se habla esas lenguas. Este es un avance muy importante en el desarrollo de la equidad y el avance de la protección de la riqueza y la diversidad lingüística de nuestro país», ha dicho el ministro.

Pero esta ofensiva de Subirats con la promoción del catalán se ha visto amplificada con la Ley de Universidades (LOSU) que ya está en vigor y que aún está pendiente de desarrollo reglamentario. La norma prevé financiación «por singularidad lingüística» y que las universidades «fomenten y faciliten el conocimiento y uso de las lenguas cooficiales».

El ministro se encargó de que quedara plasmado en la ley que el catalán sea lengua de transmisión universitaria. De la misma manera que también queda asegurado en esta norma que las lenguas cooficiales estén incluidas en los programas de movilidad financiados por la UE, como ya empieza a materializarse.

Pero aún hay más concesiones a las autonomías con lengua propia que han quedado recogidas en la Ley de Universidades. De esta manera, un profesor podrá conseguir una plaza de funcionario previa evaluación de méritos y competencias de la agencia de calidad autonómica, cuando, hasta ahora, esta función la ejercía la agencia evaluadora estatal, la Aneca, que ahora hará convenios con las autonómicas para que hagan por ella la labor que siempre ha venido desempeñando. Los más críticos creen que este cambio «sirve para que las autonomías coloquen a sus afines y rompe el carácter estatal de los cuerpos docentes».

«Las acreditaciones de funcionarios por parte de la agencia nacional evaluadora es algo muy positivo, pero que se rompa esa unidad de mercado no es muy adecuado, aunque luego se hagan convenios con las comunidades autónomas. Es un gasto extra y una concesión a quien tiene que dar los votos para que las cosas salgan», detalla a LA RAZÓN Mercedes Siles, exdirectora de la Aneca, la agencia evaluadora estatal.

En su opinión, las mujeres han salido especialmente beneficiadas a la hora de ser evaluadas cuando se hace en base a criterios objetivos, cosa que ahora no confía en que siga ocurriendo al ser las comunidades autónomas las que van a tener que encargarse.

Por otra parte, son muchos los que critican la falta de neutralidad ideológica que introduce Subirats con su nueva ley al permitir que una de las funciones fundamentales de los claustros sea la de analizar y debatir temáticas «de especial trascendencia". El asunto ya generó una enorme polémica entre los docentes universitarios, porque se considera que va en contra de la neutralidad ideológica que deben mantener los campus, ya que el cambio legal ampararía situaciones como la ocurrida en otoño de 2019, en que los claustros catalanes aprobaron de manera conjunta un manifiesto en el que censuraban la sentencia del procés y las actuaciones policiales, a la par que reivindicaban el derecho a la autodeterminación.

La entrada en vigor de la LOSU empieza a generar malestar entre los rectores ahora que comienza el curso universitario. El rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros, ha sido especialmente crítico con la nueva norma. «Nos impone obligaciones que difícilmente vamos a poder hacer frente de manera inmediata y espero que se vaya clarificando en los reglamentos que desarrollen la ley», ha dicho.

«Tenemos que analizar en detalle esas obligaciones y sus costes asociados directos, unos; ocultos, otros que vamos descubriendo y que implican una revisión de nuestros estatutos, a lo que también estamos obligados», ha sentenciado el rector, que de paso aprovechó para echar por tierra el sistema de prácticas universitarias.