La ONU entra en un caso de okupación de más de 16 años y que inspiró a una película: “La política tiene que hacer su parte"

En 2024 se registraron 16.426 casos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que supuso un aumento del 7% a nivel nacional, según recoge el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. Cada caso tiene una historia particular, que en muchos casos es por mera necesidad. En otros los okupas buscan aprovecharse de la situación y quedarse sin pagar nada en el interior de una vivienda mientras que cobran una subvención e incluso trabajan.

También puede variar desde los ojos del propietario. No afecta igual a aquel que okupan su primera o segunda residencia que al propietario que es un banco o tiene un negocio inmobiliario. Una de las historias más llamativas tiene lugar en el corazón de uno de los barrios más humildes de la capital de España. La historia de esta familia fue reflejada en una película e incluso ha provocado la actuación de Naciones Unidas.

Okupas desde 2008

En el corazón de Villaverde, Madrid, Richard Rodríguez desgrana el drama que vive junto a su esposa, Josefa Hernández, y sus tres hijas menores: “No tener casa, es mucho peor que no tener donde dormir. Es la imposibilidad de tener un trabajo, relaciones sociales estables, de matricular a tus hijos en un colegio. Es el estado de depresión en el que caes y en el que arrastras a tu entorno”. Desde el salón del inmueble que okupan desde 2008, esas palabras resuenan con la misma fuerza cada vez que anticipan que puedan llamar a la puerta agentes judiciales.

Valenciano de nacimiento y con 52 años a sus espaldas, Richard desempeñaba funciones de mediador intercultural en el Ayuntamiento madrileño, acercando posturas en distritos como Vallecas, hasta que la crisis financiera de 2008 le arrebató empleo, hogar y certidumbres. Antes de que el banco ejecutara la hipoteca, él y Josefa optaron por instalarse en el piso vacío, un inmueble que luego pasó al control del fondo Cerberus tras engullir carteras de morosos.

La familia se ofreció a comprar la vivienda

Pese a haber solicitado un alquiler social e incluso haber ofrecido comprar la vivienda, nunca obtuvieron respuesta. “No somos delincuentes. Yo he tenido trabajo casi siempre unas veces de cocinero, de barrendero… Ahora soy conductor de Uber. Somos una familia que ha luchado siempre por tener una vida digna”, reivindica él. Cuando recibieron la tercera orden de desalojo, decidieron recurrir al último recurso: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (ONU).

En 2018, el organismo internacional, aplicando un protocolo vinculante ratificado por España en 2013, instó al Estado a suspender el desahucio y a asegurarles un hogar adecuado. Desde entonces, el intento de expulsión ha sido aplazado hasta en nueve ocasiones. “Lo que está haciendo la ONU o Amnistía Internacional (AI) es decirle al Estado que haga su trabajo. Que Sánchez, Ayuso o quien sea construyan las viviendas que prometieron y que hacen falta”, señala Richard. “La política tiene que hacer su parte, no puede ser que algo tan importante como la vivienda y el futuro de muchas familias esté en manos de fondos, bancos y especuladores”, insiste.

Una historia plasmada en el cine

Su odisea traspasó fronteras al servir de inspiración para 'En los márgenes' (2022), cinta dirigida por Juan Diego Botto con Penélope Cruz y Luis Tosar en el reparto. El largometraje exhibe la precariedad de quienes viven al filo del desalojo. “Vivir con la amenaza constante del desahucio es como estar en guerra, pero sin bombas. Una guerra silenciosa”, reflexiona, evocando el miedo y la tensión que han moldeado sus días.

La ONU pone fecha límite

A principios de marzo, el Comité de la ONU otorgó un último plazo de 60 días para que España ofrezca una respuesta formal y ese plazo expira a principios de mayo. Mientras tanto, las apelaciones políticas y la paralización administrativa continúan. “No queremos privilegios. Solo pedimos un contrato, pagar un alquiler que podamos asumir, dejar de vivir escondidos. Que nuestras hijas puedan invitar a una amiga sin miedo”, reclama Josefa. Con el respaldo de grupos como la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Amnistía Internacional y el propio Botto, la familia ha logrado que el reloj internacional marque su situación.