Asociaciones y plataformas de La Palma han manifestado su apoyo a la iniciativa de la Asociación Tierra Bonita de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El objetivo es que, "de una vez por todas, se hagan públicas las actas y grabaciones de las reuniones de los comités científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) en los días y horas anteriores a la erupción", según un clomunicado hecho llegar a LA RAZÓN.

Firman la iniciativa la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja 2021, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados del Volcán, la Asociación de Vecinos de La Laguna, la Asociación de Vecinos de Las Manchas, la Asociación Agua para La Palma, la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano, y Unidad de Protección Animal (UPA-La Palma).

Justifican su petición en que "no se informó oficialmente a la población de que la zona de mayor riesgo había cambiado, ya que, aquel fatídico fin de semana de septiembre de 2021, el magma había avanzado hacia el norte del Valle de Aridane, poniendo en peligro barrios y caseríos cuyos habitantes ni siquiera fueron convocados a reuniones informativas del PEVOLCA".

Y en que"no se elevó el nivel de la emergencia a semáforo naranja y se ordenó la evacuación preventiva antes del inicio del proceso eruptivo, a pesar de las evidencias científicas de que la erupción era inminente".

Estas decisiones, explican, "agravaron la pérdida de enseres y objetos personales, la muerte de animales domésticos y de granja que no pudieron ser puestos a salvo, así como el sufrimiento psicológico de la población damnificada".

Los seis colectivos critican que, casi cuatro años después del inicio de la destructiva erupción, las instituciones competentes no hayan respondido con transparencia a esta legítima demanda. "Esta falta de información ha provocado indefensión y constituye, a nuestro juicio, una vulneración de derechos", denuncian.

“Es la hora de la transparencia”, enfatizan estas asociaciones y plataformas, a la vez que lamentan que se haya tenido que recurrir a la vía judicial para obtener unas actas y grabaciones de evidente interés público.