Ni perdón ni indemnizaciones del Gobierno por los reformatorios

El Gobierno no ha adoptado hasta la fecha medida alguna que implique cualquier tipo de reparación integral, sea a través de un plan de indemnizaciones o un acto institucional de petición de perdón por la violación de los derechos humanos cometidos en los reformatorios que pertenecían al llamado Patronato de Protección a la Mujer, que funcionó entre 1941 y 1985. Así lo reconocen a LA RAZÓN desde «Las desterradas hijas de Eva», el colectivo que aglutina a las supervivientes de estos centros.

Tanto la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, como la anterior responsable del departamento, Irene Montero, participaron este pasado lunes en el acto para pedir perdón por lo sucedido organizado por la Conferencia Española de Religiosos (Confer) de manera consensuada con la asociación de víctimas.

Mientras que Redondo respaldó la protesta con su presencia desde su butaca, Montero fue más allá al sumarse al boicot del evento previamente consensuado levantando un cartel con la palabra «No» al grito de «Ni olvido ni perdón» y «Verdad, justicia y reparación».

Los colectivos feministas, memorialistas y ecologistas, entre otros, concentraron sus proclamas contra la Iglesia, pero no repararon en ningún momento en la inacción de los equipos de gobierno de Pedro Sánchez desde 2018 y, en concreto, desde que Irene Montero fue titular de Igualdad desde enero de 2020 y Redondo tomó el relevo en noviembre de 2023. Y es que, más allá de que el Patronato contara con un concierto con las congregaciones religiosas, se trataba de un ente público que también contaba con sus propios reformatorios.

Tan solo hubo una mención por parte de la abanderada del colectivo, Consuelo García del Cid Guerra, que reclamó responsabilidades al Gobierno y al Ministerio de Justicia. «Nos deben diez años de vida de democracia», señaló.

Fuentes de «Las desterradas hijas de Eva» detallan que solo han mantenido una única reunión con la ministra Redondo, así como un par de encuentro con la directora general de Atención a las Víctimas. De la misma manera, informan de que nunca tuvieron audiencia alguna con la ex ministra Montero. Sin embargo, ponen en valor el hecho de que el equipo de Montero, a través del Instituto de las Mujeres, invitara a hablar en «un par de actos públicos» a García del Cid. Estas citas puntuales contrastan con las reuniones a lo largo de un año con el equipo de la Confer para abrir un proceso de reparación que incluía el acto del lunes, como solicitó el colectivo de supervivientes.

Desde la plataforma que aglutina a los 32.000 religiosos españoles continúan desconcertados por la encerrona que vivieron en la tarde del 9 de junio, máxime cuando se había acordado cada uno de los puntos del evento. La sorpresa fue mayor cuando García del Cid, que consensuó con la Confer desde la escaleta a la música del evento, lideró el boicot una vez que las tres religiosas encargadas de leer el manifiesto de perdón en el que se incluían además medidas restaurativas como la apertura de los archivos eclesiásticos. Desde «Las desterradas» aseguran que es su respuesta al veto de la Confer por recortar en los audios que se expusieron una alusión a la trama de los bebés robados y al hecho de que las monjas no incluyeran en su texto un perdón explícito a «todas las violaciones de los derechos humanos» cometidas en los centros.