Prohibido estar a solas con un niño en la sacristía

"Se evitará estar a solas con menores en despachos, sacristías, salas de catequesis, procurando siempre que las puertas estén abiertas y facilitando la escucha y visión a otros". Con esta determinación, la diócesis de Almería se rearma contra los abusos sexuales. Así lo reflejan tanto el protocolo de prevención y actuación como el código de buenas prácticas que ha suscrito el obispo almeriense Antonio Gómez Cantero. El texto busca responder a la reforma del magisterio y del Código de Derecho Canónico que el Papa Francisco convirtió en encargo a los pastores de todo el planeta tras la cumbre que organizó en febrero de 2019 bajo la máxima de «tolerancia cero».

«Es motivo inmediato de cese en la actividad pastoral o educativa cualquier relación sentimental, consentida o no, de un adulto con menores de edad», se expone en el texto de Almería, que incluye indicadores de detección de casos y los pasos a seguir para cumplir con la normativa vigente civil y canónica desde «los principios básicos de protección, tanto de la integridad física, como psíquica (evitando la doble victimización) y moral».

La guía almeriense aterriza en el día a día de los sacerdotes, religiosos, catequistas y demás personal que puede moverse por cualquier espacio eclesial, sea un templo, un comedor social o una escuela. Hasta tal punto que prohíbe de forma taxativa «los juegos, bromas o castigos que puedan ser violentos o tener una connotación sexual», explicitando que se ha de evitar «cualquier conducta que implique contacto físico íntimo, besarse o desnudarse». «También están prohibidas las novatadas o juegos que impliquen actos vejatorios, denigrantes o sexistas», se subraya.

La guía de buenas prácticas incluso contempla que pueden darse sentimientos de «afecto o enamoramiento» de los menores hacia sacerdotes, catequistas, profesores o monitores, que «a menudo responden a la consideración del adulto como un ídolo». Ante esto, la diócesis recuerda que «el adulto ha de tener conciencia y saber que siempre serán responsabilidad suya, las situaciones derivadas de esas percepciones». ¿Cómo proceder? «En ninguna circunstancia debe corresponder o insinuarse, de manera que establezca, de forma inequívoca y efectiva unos límites adecuados de comportamiento, relación y aprecio hacia los menores», se sentencia.

Aunque en algunos foros eclesiales se lamentan de que estas medidas que también han adoptado otras diócesis pueden restar naturalidad y cercanía en la relación con los niños y adolescentes, la gravedad del escándalo de la pederastia obliga a modificar hábitos y costumbres. «En el protocolo se siguen las directrices, adaptadas a nuestra realidad, del protocolo marco de la Conferencia Episcopal que aprobó la Asamblea Plenaria en noviembre», explica a LA RAZÓN Rosa María Fernández Sánchez, directora de la Oficina Diocesana de Almería de Protección del Menor y Personas Vulnerables. Para esta abogada matrimonialista, urge «plantear una actuación transversal en todos los ámbitos, desde la prevención a la formación».

De hecho, lejos de ver la publicación de estas medidas como meta de un proceso, para Fernández es punto de partida «puesto que ahora hay que implementarlo, dándolo a conocer a toda la diócesis, un barrido puerta a puerta». «La Iglesia siempre ha sido un espacio seguro, pero debemos formarnos en la detención precoz en los más vulnerables, especialmente en los más pequeños que son nuestro futuro», reitera.

Lo cierto es que no parece haber rendijas para los depredadores en el texto de Almería, en tanto que se adentra incluso en el comportamiento en las convivencias excursiones y campamentos. Así, los adultos no podrán compartir habitación con los chavales y «se respetará la intimidad de las duchas, cuartos de aseo y vestuarios cuando estén siendo utilizados por los menores». En caso de tener que entrar «por una razón justificada» se considera conveniente que «entren dos adultos del mismo sexo que los menores».

Y no solo las diócesis están poniendo medios. Los colegios cristianos también están haciendo lo propio. Al menos, los que pertenecen a Escuelas Católicas, la principal plataforma eclesial en materia educativa, que aglutina a 1.959 centros educativos con 1,2 millones de alumnos. Este viernes, en el marco de su Asamblea anual presentaron su propia «Guía para la prevención y reparación de abusos sexuales». La publicación, de 144 páginas, editada con el patrocinio del Grupo SM, también explora el día a día del aula para plantear, más allá de cumplir con las medidas legales, la creación de un grupo de protección para el menor vulnerable conformado por el orientador, el tutor y los compañeros «de mayor confianza».

Asimismo, se detiene en cómo intervenir en caso de abusos sexuales en redes sociales, ahondando en el «grooming» –las artimañas utilizadas por un adulto en el universo digital para conseguir favores sexuales de menores– y el «sexting» –la difusión sin consentimiento de imágenes eróticas o sexuales–. «Es triste y vergonzoso constatar que muchos han traicionado la confianza que la sociedad y las familias depositan en el centro», entona a modo de «mea culpa» el secretario general de Escuelas Católicas Pedro Huerta.«No rehuyamos pedir perdón, no seamos piedra de escándalo para nadie», apunta el religioso trinitario.

El Papa blinda su normativa antiabusos

El Papa blindó ayer la normativa vaticana antiabusos que aprobó en 2019. Si entonces aprobó de forma provisional el motu proprio «estis lux mundi», desde el próximo 30 de abril le da carácter permanente con algunos matices para redoblar su lucha contra esta lacra.

De esta manera, el nuevo texto especifica que no solo se investigarán las denuncias de obispos, religiosos y clérigos, sino también los laicos que hayan estado o estén al frente de asociaciones católica reconocidas por Roma. El documento reformado también obliga a proteger a los testigos, y no solo al demandante, y se refuerza la parte que regula la presunción de inocencia al salvaguardar «la legítima protección del buen nombre y de la esfera privada de todas las personas implicadas». En la nueva versión se especifica que la tarea de proceder con la investigación es deber del obispo del lugar donde habrían ocurrido los hechos denunciados.