La Unión Europea se prepara para implementar una normativa que transformará radicalmente el mercado inmobiliario. A partir de 2030, los edificios residenciales deberán alcanzar una calificación energética mínima de tipo E para poder ser vendidos o alquilados, y en 2033 ese umbral se elevará a la categoría D. Esta medida forma parte del plan comunitario para alcanzar la neutralidad climática en 2050, y responde a la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de las cuales más de un tercio provienen del sector de la edificación.

La calificación energética se establecerá mediante una etiqueta que va de la A (máxima eficiencia) a la G (mínima), evaluando dos parámetros clave: el consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono. Para determinarla, se realizará una inspección técnica que analizará sistemas de calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración, iluminación y elementos constructivos como fachadas, ventanas y aislamiento.

Según estimaciones oficiales, cerca del 85 % del parque inmobiliario europeo necesitará algún tipo de rehabilitación para cumplir con los nuevos estándares. Esto supone una inversión significativa para los propietarios, que deberán adaptar sus inmuebles mediante mejoras en aislamiento térmico, renovación de sistemas de climatización, carpintería eficiente o instalación de tecnologías renovables.

La normativa tendrá efectos inmediatos en la comercialización de viviendas. Los inmuebles que no alcancen la calificación mínima podrían quedar excluidos del mercado de compraventa y alquiler, o enfrentar restricciones legales. Por el contrario, las propiedades que cumplan con los nuevos criterios energéticos podrían revalorizarse, convirtiéndose en activos más atractivos para compradores e inversores.